En el primer día de aplicación del plan de racionamiento energético para reducir el consumo en un 20%, el gobierno brasileño dio marcha atrás ayer y suprimió las amenazas de onerosas multas de hasta el 200% para los infractores.
En total, 32,5 millones de hogares tienen que ahorrar hasta finales de año el 20% del consumo energético a fin de hacer frente a una de las peores crisis energéticas en la historia del país.
Las protestas, cada vez más numerosas, y los recursos interpuestos en la Justicia hicieron dar marcha atrás al gobierno en algunos de los puntos más polémicos de su plan de racionamiento, conforme anunció el propio presidente, Fernando Henrique Cardoso, en un discurso transmitido en red nacional de televisión.
Los cambios afectan sobre todo las multas o sobretasas, que podían elevarse hasta el 200% para aquellos cuyo consumo superase los 200 kw/h mensuales.
Según las últimas medidas del Gobierno, los hogares que consuman menos de 100 kw/h -"casi el 40% de las familias brasileñas"- no estarán obligados a ahorrar energía.
No sólo eso, sino que recibirán una gratificación de dos reales por cada real ahorrado.
Aquellos que consuman más de los 200 kw/h mensuales y no ahorren el 20% prescrito, pagarán una tarifa adicional sobre la diferencia, sin especificar de cuánto.Sólo sufrirán cortes en el caso de que no reduzcan el consumo después de recibir un primer aviso.
En los últimos días, los consumidores han recibido una carta de las distribuidoras de energía eléctrica informándoles sobre el promedio mensual de Kwh/hora calculado sobre el consumo medio de los meses de mayo, junio y julio del pasado año.
Ayre los números de los teléfonos de las compañías de energía eléctrica puestos a disposición de los abonados residenciales para aclarar dudas o realizar reclamos sobre las medidas estaban congestionados.Al mismo tiempo, se formaban colas enormes delante de las oficinas de las concesionarias de electricidad.
Por todo lados, en las calles o las oficinas, los brasileños protestaban contra el gobierno, repitiendo hasta la extenuación: "es escandaloso" y "este gobierno es incompetente".
Numerosos consumidores cuestionan el promedio fijado, ya sea porque uno de los meses computados -julio- es un mes de vacaciones y muchos estaban viajando, ya sea porque ellos se mudaron en ese período u otras justificaciones que no fueron tenidas en cuenta para realizar el cálculo del promedio de consumo.
El racionamiento para la industria y el comercio empezó el viernes pasado.
La industria consume el 43% de la energía eléctrica del país y paga el 25% de la facturación, mientras que los consumidores residenciales consumen el 27% y pagan el 40% de la facturación.
No obstante, desde que el gobierno anunció el racionamiento y apeló a un consumo "solidario de energía", los brasileños comenzaron a ahorrar energía eléctrica, reduciendo sustancialmente la utilización de aparatos de aire acondicionado y el período de uso de las duchas eléctricas, incluso antes que entrara en vigor el plan de racionamiento.
En la última semana de mayo, el consumo energético en el sureste cayó un 12%, según el presidente, que agredeció la colaboración ciudadana.
"Sólo he podido hacer esas modificaciones porque usteden aportaron su cuota de buena voluntad", dijo Cardoso en su discurso de ayer.
El presidente señaló que el Gobierno mantiene la meta de reducir el 20% porque "seguimos dependiendo de las condiciones climáticas".
El gobierno alega que la crisis energética se debe a una sequía excepcional, "la peor de los últimos 70 años", que afectó el país este año y provocó una fuerte baja del nivel de las aguas en las reservas de las plantas hidroeléctricas, responsables de la producción de 90% de la electricidad brasileña.
Pero, más allá de la sequía, los empresarios y la población critican al gobierno y los organismos especializados por haber minimizado durante un largo período un problema ya conocido, el del déficit energético estructural del país.
Por otra parte, después de una dura reacción de los consumidores y de la prensa, Cardoso también anuló un decreto considerado "autoritario", que revocaba el código de defensa del consumidor.
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