El Ejecutivo presidido por Ricardo Lagos tiene, por lo menos, que desembolsar 70 millones de dólares adicionales por proyectos que aprobó este año: la ley de modernización del Estado y el financiamiento de la política. Otros datos para una polémica que alcanzó su punto máximo de confusión esta semana, con la entrada al debate de un royalty a las mineras y la revisión del gasto militar.
El senador de la UDI Hernán Larraín desde la trinchera de la oposición le llamó la farra que se ha dado el gobierno. Aunque la situación económica diste de la fiesta del gasto público del último trimestre de 1998 - creció 12,1% en plena crisis asiática- es cierto que el fisco ha prometido más de lo que puede gastar: muy al estilo de los hombres generosos que agasajan a sus amigos y luego son sus mujeres las que deben vérselas con el presupuesto diario más apretado. Tan gráfica es esta realidad que para aplacar la presión de los socialistas y de los pepedés, el gobierno decidió echarse la mano al bolsillo otra vez y dar un bono de $10 mil a un millón de jefes de hogares pobres.
En total, US$14,6 millones adicionales en gastos, saldados con los recursos recogidos tras el aumento de impuestos que se destinarían a más gasto social, según el Gobierno. Aunque siempre los números - más allá del discurso- mostraron también que los tributos se usarían para cerrar la brecha dejada por los tratados de libre comercio y para aminorar el déficit fiscal con el cual viene operando el Estado y que se prevé muy elevado para el 2004.
Como si no bastara la agenda social, la más marketeada por el gobierno, el fisco debe agregar otros gastos por US$70 millones en proyectos de ley que ya fueron aprobados este año, y para los cuales se prevé una segura aplicación. Estas iniciativas son las nuevas políticas para la administración pública y el costo de financiamiento de las campañas políticas (ver detalles en infografías).
En total, $49.350 millones de pesos. Un monto nada despreciable: equivale al 68% del costo de Chile Solidario en régimen y es 25% más alto de la recaudación esperada por el gobierno ($39.282 millones) con los impuestos específicos al tabaco, al diésel y al alcohol.
Los US$59 millones en régimen de la Alta Gerencia Pública y el Nuevo Trato Laboral contempla como uno de los desembolsos más importantes la bonificación por retiro. Alberto Arenas, de la Dirección de Presupuestos, explica que se financiará en los primeros años con recursos de los propios servicios y en régimen con un fondo de capitalización creado por ley para tal efecto.
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