Así lo anuncia el director de la Dian, Mario Aranguren, quien revela en El Tiempo la nueva estrategia de la entidad para recaudar impuestos.
Más de un colombiano irá a la cárcel, mínimo por cuatro años, si se descubre que es evasor de impuestos y no declara renta cuando debe hacerlo.
Este es el efecto que el Gobierno que preside Alvaro Uribe, espera de la drástica reducción en los topes de patrimonio e ingresos, a partir de los cuales se declara renta, y que propondrá en el proyecto de Ley Antievasión que llevará al Congreso.
Sin embargo, Aranguren afirmó que los ciudadanos que dicen la verdad no deben temer.
Con un sistema de información cuya primera etapa comenzará a funcionar en julio del año entrante, el funcionario espera que al finalizar este gobierno se haya triplicado el número de declarantes (de 600,000 a 1.8 millones).
Aranguren se comprometió a bajar la evasión del 30%, cifra que se ha mantenido inmodificable en los últimos 12 años. “Que nos juzguen si no hacemos eso”, sostuvo en entrevista con EL TIEMPO.
Tener la información de todo el mundo. La gente que no oculta ingresos ni patrimonio y los asalariados a los que les hacen retención en la fuente, no deben temer.
No, porque el patrimonio es un valor para establecer si hay obligación o no de declarar.
Sí. La ley antievasión va a tener un capítulo penal. La propuesta es más radical que la que presentamos en la pasada reforma tributaria o si no esto se vuelve una tomadura de pelo. No habrá beneficio de excarcelación porque la pena mínima que proponemos será de cuatro años. Hay empresas que le venden gastos y costos a otras empresas, hay contadores, revisores fiscales y asesores tributarios que se prestan para hacer cosas como éstas y no podemos seguir tolerándolo.
Los topes a partir de los cuales se debe declarar renta bajarán de 150 a 100 millones de pesos en el caso del patrimonio y de 60 a 40 millones en el caso de ingresos y lo hacemos para detectar a quienes los están escondiendo. En Colombia, por ejemplo, el 45% de las ventas de vehículos usados se hace sin traspaso. Los carros pasan de mano en mano para evitar el pago de impuestos y no declarar ese patrimonio.
No. Eso no se va a tocar. La exención para los asalariados se mantiene en 25%. Quiero ser muy claro: en esta ley antievasión no se van a subir los impuestos.
El régimen simplificado no lo vamos a acabar, pero sí reduciremos sustancialmente los valores para clasificar en él, por ejemplo, a la mitad, para que muchos entren al régimen común que los obliga a llevar contabilidad y cobrar el IVA.
En el simplificado deben quedar los establecimientos pequeñitos. Hoy en ese sistema el tope de ingresos está en 123 millones de pesos al año lo que equivale a ventas superiores a 10 millones de pesos mensuales. La pregunta es si 10 millones es una suma chiquita y es un pequeño tendero. No. Ese es un mediano comerciante que se debe formalizar.
Hay sociedades que distribuyen su patrimonio en varios locales y a cada uno le asignan un dueño diferente, que en la mayoría de los casos es un familiar, y figuran en el régimen simplificado a pesar de ser empresas con ingresos cuantiosos. Por lo tanto, no tributan ni cobran el IVA. Eso ha llevado a que los comerciantes organizados se quejen por competencia desleal
Sí. El tratamiento tributario para todos debe ser igual.
Cruzando información con el sistema financiero, con las operaciones bursátiles y con tarjetas de crédito. Vamos a disminuir drásticamente los montos a partir de los cuales le pedimos a la banca reportes de las transacciones de sus clientes. Esa facultad ya la tenemos, pero no la estamos utilizando porque no contamos con los medios adecuados para procesar toda la información.
Rastrearemos la compra y venta de vehículos a través de las secretarías de tránsito y los movimientos de finca raíz con las notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos. En este sector se presentan casos muy graves porque una finca que comercialmente vale 500 millones de pesos se vende en 80 millones que es el avalúo catastral y así se ahorran el pago de impuestos. Para evadir los ingresos tendrán que tener la plata debajo del colchón. Pero en el momento en que salgan a comprar un carro o una casa por un valor considerable los vamos a detectar. Además, se cruza información con empresas para conocer los pagos a terceros y comprobar si las retenciones en la fuente que los contribuyentes incluyen en sus declaraciones son reales o no.
Para hacer ese cruce necesitan una actualización catastral.
No solo eso, sino que se requiere el apoyo de las notarías y de las oficinas de registro de instrumentos públicos para saber cómo se está evadiendo, porque hay una cantidad de triquiñuelas para todo. Por eso es urgente una actualización catastral.
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