Los cuatro últimos meses de este año, probablemente serán los más difíciles para la administración de Martín Torrijos, y es que con un presupuesto totalmente comprometido, poca será la capacidad que tendrá para recortar el gasto y poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que establece que el déficit no debe superar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para septiembre de este año quien tome el control de las finanzas públicas se encontrará con un presupuesto ejecutado hasta un 60% o 70% aproximadamente, mientras, que el porcentaje restante de ese presupuesto estará comprometido en proyectos adjudicados, u otros gastos entre los que se incluye el pago de la planilla estatal.
Esto confirma que el recién estrenado mandatario, no podrá asumir nuevas responsabilidades, y tendrá que ajustarse a las condiciones en las que recibe las finanzas públicas.
"Esta situación es normal cuando un nuevo presidente toma posesión de su cargo, siempre se encuentra con un presupuesto lleno de contratos y demás compromisos que no puede evadir" acotó Luisa Turolla, economista de la firma consultora Arden and Price.
Lo ideal sería que estos cuatro meses de transición sean los que permitan que el nuevo equipo de gobierno reciba con mucha transparencia toda la información del estado de las finanzas públicas, acotó Turolla.
Y que a su vez informen a los representantes de la nueva administración como se irá creando el nuevo proyecto de presupuesto para el año 2005.
"Si se da una buena transición como lo ha prometido la presidenta de la República, debería transferirse toda la información financiera, pero el nuevo gobierno sólo podrá incidir en la creación del próximo presupuesto en la etapa final del proyecto" añadió la economista.
Ahora bien este proyecto de presupuesto debe ser aprobado por la nueva administración, y lo importante es que el mismo no muestre la tendencia de incrementarse como en años anteriores, explicó Turolla.
Además, el presupuesto general para el 2005, debe elaborarse en base al nivel de ingresos que se vayan a obtener, y tener claro que no se puede gastar más de lo que se obtiene en ingresos corrientes.
El presupuesto general del Estado este año asciende a 6,003.1 millones de dólares, es decir, una diferencia de 458 millones con respecto al presupuesto del año 2003, que luego de algunos ajustes quedó en 5,554 millones de dólares.
En diferentes ocasiones analistas internacionales, han indicado que este año será difícil cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y que el déficit superará el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el último reporte del Banco de Inversión Credit Suisse First Boston se indicaba que para poder cumplir la ley de responsabilidad fiscal este año, la nueva administración tendría que continuar utilizando la misma contabilidad opaca que utilizan las autoridades económicas actuales o, hacer una fuerte reducción del gasto.
Actualmente, los analistas de los bancos de inversión acusan a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de no seguir las reglas de las normas internacionales de contabilidad, que establecen que los ingresos aportados por los ahorros estatales sean colocados por debajo de la línea de financiamiento.
En este caso, explican que actualmente los intereses que aportan el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), son colocados en la línea de ingresos para tapar la brecha del déficit fiscal.
Luisa Turolla, añade que lo más importante que debe realizar la próxima administración es poner las cuentas claras, y dar una explicación sobre la verdadera realidad de las finanzas públicas, tanto a todos los panameños como a los analistas internacionales.
Lo fundamental es establecer una lectura clara de la contabilidad pública, ya que se debe eliminar ese concepto que en Panamá las finanzas públicas son opacas.
La economista añade que más importante que tratar de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, es decirles a los mercados internacionales que el país adoptará las medidas fiscales necesarias.
Gobierno entrante tendrá que poner las cuentas claras
Lo ideal sería que estos 4 meses de transición sean los que permitan que el nuevo equipo de gobierno reciba con transparencia toda la información de las finanzas públicas.