El gobierno panameño respetará y honrará el contrato firmado con la compañía telefónica Cable & Wireless tal como está, afirmó ayer el contralor general de la República, Alvin Weeden, al salir de la reunión semanal del CENA ( Consejo Económico Nacional) en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Indicó que no es tan sencillo que un órgano del Estado, como el Legislativo, haga unilateralmente modificaciones a un contrato ley. "No entiendo cómo podría pasar".
"Lo que la Presidenta de la República ha dicho para garantizar la estabilidad jurídica de las relaciones contractuales de Panamá, es casualmente que ella no siente que debe entrar el Ejecutivo a considerar la modificación al contrato con Cable & Wireless", expresó Weeden.
"Desgraciadamente" el contrato se negoció, se establecieron períodos y condiciones que hay que respetar, reiteró Weeden.
Sin embargo, señaló que cualquiera reforma es posible, pero tendría que ser negociada entre el Ejecutivo y la empresa.
"Técnicamente nada es inmutable en la vida, después que se hagan las cosas con la debida propiedad y con la seriedad debida, no afecta en lo absoluto", dijo el contralor general de la República.
La compañía Cable & Wireless ha expresado su preocupación por el tema de la seguridad jurídica.
De acuerdo con un comunicado, Cable & Wireless manifiesta que si Panamá envía un mensaje al mundo de que los inversionistas extranjeros carecen de seguridad jurídica, hará que se pierda la confianza que como país podemos ofrecer, y con esto la enorme oportunidad de generar empleos y elevar el nivel de desarrollo económico que requiere el país.
"El Contrato de Concesión No. 34 firmado el 29 de mayo de 1997, incluye un plan gradual a cinco años para rebalancear las tarifas, sujeto a un régimen de exclusividad temporal por el mismo período. Actualmente estamos cumpliendo todas las metas incluidas en el contrato", establece el comunicado de Cable & Wireless.
Por otro lado, el legislador Pedro Miguel González, miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró que este colectivo político no pretende que se modifique el contrato ley firmado entre el Estado panameño y Cable & Wireless.
Sostuvo que el PRD es consciente de los problemas que acarrearía para Panamá hacer una modificación violando la seguridad jurídica el país.
Sin embargo, señaló que se debería buscar dentro de las normas del contrato alguna medida que permita la suspensión del aumento de las tarifas hasta el 2002.
González manifestó que quienes gobiernan si han pretendido atentar contra la seguridad jurídica, al amenazar con revisar el contrato con las empresas de energía eléctrica.
