Tras casi un año de mantenerse en discusión el tema de la tarifa de protección y la posibilidad de cambiar el punto de aplicación de los precios de paridad en los derivados del petróleo, el gobierno y la Refinería Panamá aún no logran un acuerdo sobre esta materia.
Ramón Tapia, director de hidrocarburos del Ministerio de Comercio (MICI), explicó que la actual tarifa de protección mantiene un porcentaje del 11%. Hasta el momento las partes están analizando diferentes escenarios y la posibilidad de eliminar o disminuir esta tarifa para facilitar la entrada de otros actores al mercado del combustible panameño.
Uno de los principales beneficios que traería esta disposición es la oferta de productos sería más diversificada al entrar más empresas al mercado.
Sin embargo, Tapia reconoce que "mucho sectores se oponen a la eliminación de esta norma, y hasta el día de hoy, no existe nada en blanco y negro sobre este tema".
La tarifa de protección es un impuesto que pagan los importadores en los países donde se produce un combustible y ha sido utilizada por años para proteger a la industria nacional a fin de evitar que los productos extranjeros invadieran el mercado nacional. Esta tarifa protege a la Refinería Panamá a través del pago de un impuesto.
Además de buscar una solución a este tema, también se busca un entendimiento para modificar a su vez, la base del cálculo de los precios de paridad. Las conversaciones que adelanta el gobierno con la empresa Refinería Panamá tienen como objetivo flexibilizar el contrato ley; sin embargo, los intereses económicos inciden en las negociaciones para llegar a un acuerdo.
Tapia destacó que, pese a que Refinería se convirtió en una empresa constituida por Texaco-Chevron, el diálogo con los representantes de esta empresa no está afectado.
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