Gremios económicos y populares le piden al Gobierno que tenga cuidado con la implementación de Colón Puerto Libre porque pudiera terminar perjudicando algunas actividades y a grupos vulnerables.
El Frente Amplio por Colón (FAC) teme que el proyecto propicie una especulación con las propiedades del Estado en la provincia, mientras que la Cámara de Comercio de Panamá advierte el perjuicio a algunos comercios por la competencia desleal.
Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, asegura que por ser un proyecto de bienes y raíces, dará valor a la zona y creará empleos con una economía sostenible.
Indicó que el proyecto de Colón Puerto Libre le brinda una oportunidad y potencial de desarrollo económico a la provincia de Colón, estableciendo atractivos para turistas y compradores que lograrán que la ciudad se convierta en un lugar moderno y atrayente.
Sin embargo, destacó que hay que tener cuidado con la forma como se va a implementar, puesto que hay inversiones importantes en la zona y otros potenciales proyectos en las afueras que pueden ser puestos en riesgo mediante una competencia desleal si se establecen los mismos comercios dentro de la zona delimitada de 16 calles.
Por su parte, Marcos Téllez, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, señaló que "no se puede pensar que solo estableciéndose los negocios va a dar resultado".
"Esto tiene que ser algo que se haga de la mano con la Autoridad de Turismo y el Ministerio de Comercio porque hay que traer cruceros, gente que venga a comprar, y no solo depender de lo que los nacionales puedan comprar", dijo.
En cuanto a los beneficios que traerá para la gente de Colón, detalló que la posibilidad de que operen más empresas en la provincia permitiría que más personas puedan obtener trabajos dignos.
Temen especulación
Sin embargo, representantes de la sociedad civil temen que el Gobierno, a través de esta normativa, proceda a vender las tierras expropiadas y que no sean empleadas para el desarrollo del proyecto de construcción de viviendas de interés social.
"En el fondo, la preocupación nuestra es que el Gobierno está usando el proyecto de Renovación Urbana y Colón Puerto Libre con la intención de querer vender las tierras de Colón que son del Estado y expulsar a la gente del casco de la ciudad", destacó Edgardo Voitier, coordinador general del Frente Amplio Colonense (FAC) y vocero de la Coordinadora de Organizaciones y Personalidades Colonenses.
Mientras, el economista Juan Jované destaca que lo que indica el artículo 12B significa que si en cierto tiempo de ser dueño de un lote en Colón no se hacen las mejoras, el Estado puede expropiar y, obviamente, "no se va a quedar con el mismo, sino que lo va a vender".
"El puerto libre se puede convertir en una acumulación de espacio muy rentable para beneficio de unos pocos", señaló el economista y catedrático.
Por su parte, José De La Rosa Lam, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, indicó que la norma que le permite al Estado disponer de sus tierras tiene rango constitucional y una ley no puede ir por encima de la misma.
Agregó que el proyecto establece que las tierras que son del Estado que se den en concesión o arrendamiento no serán vendidas.
En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, expresó que el Gobierno no tiene la intención de vender las tierras y que tendrá que trabajar en un plan de desarrollo para el mejor uso de esos bienes.
"Hay desinformación que está circulando en las calles y por eso invitamos a los colonenses a que formen parte del diálogo para la reglamentación de la ley", aseguró.
El expresidente de la Cámara de Comercio Adolfo Linares señaló por su parte que es vital implementar la Ley Colón Puerto Libre de una manera controlada y eficiente con la revitalización de la ciudad de Colón.
"De nada sirve remozar y arreglar la ciudad si no hay actividad económica porque entonces todo se vuelve a deteriorar", afirmó.
Hoy, distintas organizaciones de Colón, entre ellas el Colegio de Economistas, el Colegio de Abogados, los desempleados organizados, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), sindicatos y otras, llevarán a cabo un pronunciamiento para expresar su posición con respecto a la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Cifras
1,000 dólares por persona podrán invertir en compras los panameños de forma semestral.
2,000 dólares anuales será el monto total que los panameños podrán invertir en compras.
