"Hay que esperar que haya utilidades para pagar dividendos, y el pago de los mismos depende exclusivamente de la junta directiva", aseguró Roberto Mendoza, vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Comunicación de C&W.
Aclaró que el período fiscal de la empresa telefónica inició el 1 de abril de este año y concluye el 31 de marzo del 2005.
Finalizada esta fecha se revisarán las finanzas y la junta directiva tomará las decisiones que considere necesarias.
"C&W, no enfrenta ninguna situación de pérdida, todo lo contrario es muy rentable, las operaciones son saludables". dijo Mendoza.
Los estados financieros de la compañía hasta el 30 de septiembre del año en curso indican que los ingresos estuvieron por el orden de los $234 millones, en comparación al período 2003/2004, donde los ingresos fueron por $217 millones, esto representa un incremento del 8%.
Mendoza, precisó que las cifras de la empresa registran una utilidad operativa por el orden de los $71 millones.
Las cifras indican un fuerte crecimiento en el mercado de la telefonía móvil, además del internet, contrarrestando la caída en las ventas de llamadas de larga distancia nacional e internacional.
Los ingresos en la larga distancia nacional hasta el mes de septiembre estuvieron por el orden de los $17 millones.
En el período anterior la cifra fue de $21 millones, lo que indica una variación del 19%.
En cuanto a las llamadas domésticas también se reflejó una disminución, este semestre se registraron ingresos por $111 millones, mientras que en el período anterior estuvo por el orden de los $118 millones.
La telefonía móvil ha incrementado su base de suscriptores a 548 mil, mientras que los costos operativos totales se han calculado en $133 millones.
Las principales operaciones de C&W, están en el Reino Unido, Europa Continental, Asia, El Caribe, Panamá y Medio Oriente.
El 29 de mayo de 1997, la compañía inglesa pagó $652 millones por las acciones de lo que se conocía como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL, S.A.).
La compañía ganó el derecho de operar bajo la estructura accionaria donde el Estado tiene el 49% de las acciones y los trabajadores un 2%.
