Durante la alcaldía del perredista, Alcibiades González empezaron las relaciones entre el Municipio de Colón y la empresa Trident Plus Inc. para concertar un préstamo de US$ 20 millones. Esta empresa norteamericana, desde el mes de julio de 1999, se encuentra detrás del financiamiento de un proyecto de recolección de la basura y disposición de los desechos sólidos en el distrito de Colón .
De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el 10 de agosto de 1999, el entonces alcalde de Colón, Alcibiades González solicitó al presidente del Consejo Económico Nacional (CENA) del gobierno de Pérez Balladares la excepción de acto público para contratar directamente con la empresa Constructora de Sistema Modular de Panamá, representante de Trident Plus Inc, para la construcción del proyecto de recolección de basura.
Sin embargo, el 8 de septiembre de 1999, en una nota suscrita por la Directora de Crédito Público, el Ministerio de Economía y Finanzas se manifiesta sobre la solicitud de González, señalando que la misma no contaba con suficientes elementos de valorización para su aprobación.
Luego del fracaso de estas negociaciones, las ambiciones del Consejo Municipal de Colón reaparecieron con la nueva administración de la alcaldía de Matilde Rosales de Ardines, política arnulfista cuyo conocimiento del mundo de las finanzas no es uno de sus rasgos sobresalientes.
Nuevamente Trident Plus Inc. asociado esta vez con Constructora Rivera y Asociados firma un contrato con la Alcaldía de Colón, por el cual se iba a recibir en calidad de préstamo la suma exorbitante de 300 millones de dólares, con la garantía de bonos municipales supuestamente garantizados por el Estado.
Trident Plus Inc. no tiene web en Estados Unidos, ni es una empresa remarcable en el estado de Florida.
El escándalo de esta transacción estalló cuando Trident Plus Inc. trató de colocar los bonos en Nueva York, y el grupo AIG Global Invesment pidió al Federal Bureau of Investigation (FBI) información sobre la legitimidad de estos bonos, por lo que las investigaciones inician en la embajada de Panamá en Washington.
Los bonos circularon con una carta falsa que le daba el aval del Estado panameño, suscrita por un supuesto funcionario de nombre Luis Antonio Jaén, quien ni siquiera aparece en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas.
A estas alturas, el Ministerio de Economía y Finanzas no conoce si la tesorería municipal de Colón ha recibido el préstamo por 300 millones de dólares, ya que según el contrato los bonos debían entregarse como consecuencia del desembolso de los 300 millones de dólares al Municipio de Colón.
En tanto, el viceministro de Finanzas, Eduardo Quiróz señaló que este hacho pudo tener repercusiones serias para Panamá en cuanto a su prestigio como sujeto de crédito.
"Nosotros salimos rápidamente a decir que la operación era nula, que no tiene validez porque que no ha cumplido con los requisitos legales y tampoco tiene el aval de gobierno", señaló Quiróz.
Aclaró que la publicación de la emisión de estos bonos en la Gaceta Oficial del Estado, no era porque el gobierno la hubiese dado el aval.
Señaló que por la cantidad de estos bonos, la solicitud tuvo que ser presentada al Consejo de Gabinete y al CENA para su aprobación.
Ni el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de Gabinete tenía conocimiento del caso, hasta que el FBI informó a la embajada de Washington, dijo Quiróz.
El caso de estos bonos se encuentra en manos del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, quienes deberán deslindar las responsabilidades. El Municipio de Colón aceptó la nulidad del contrato de empréstito. Sin embargo la Contraloría de la República investiga el trasfondo de una operación ensombrecida por el escándalo.
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