Wilfredo Grajales /Analista del Centro Nacional de Competitividad
Panamá, puede afirmarse, constituye un caso reciente de éxito que demuestra la potencialidad de una nación para crecer económicamente; sin embargo, desde una perspectiva de desarrollo, el caso también resalta que los países emergentes requieren asegurar un modelo integral de desarrollo que se fundamente en el logro de dos objetivos en forma simultánea y complementaria.
Se requiere promover la inclusión social y la competitividad económica, es decir, los países precisan una política que les permita crecer, pero crecer mejor y de forma equitativa.
Esto demanda un conjunto de políticas que faciliten este proceso: por un lado, se requieren políticas sociales que procuren oportunidades para los más desposeídos, lo cual se logra a través de un enfoque de reformas tanto en materia de educación como de salud pública.
Igualmente, exige flexibilidad en el mercado laboral a efectos de que las personas que están en situación de pobreza y pobreza crítica, que en efecto reciben estos servicios de salud y educación mejorados, puedan procurarse luego oportunidades de trabajo para que generen sus propias fuentes de ingresos lo cual a su vez promueve una mayor movilidad social.
También se necesita una política de Estado que facilite la inversión e iniciativa privada, todo para impulsar el funcionamiento de una economía de mercado basada en la competencia, en la productividad y la eficiencia.
Por último, estas dos esferas deben complementarse o reforzarse a través de un modelo político y económico inclusivo y representativo donde, por un lado priva la sana competencia económica y a la vez, se vean representadas esas fuerzas diversas de la sociedad a efectos de generar los incentivos que permitan integrar nuevas capas sociales al devenir económico.
Panamá ha logrado grandes avances en materia de crecimiento, también ha reducido su nivel de pobreza; en el 2013, por ejemplo, esta fue de 25.8% lo cual representó una mejoría de 7.6% respecto al 2009, en tanto que la pobreza crítica en el mismo periodo cayó de 15.3% a 10.6%.
Sin embargo, esa mejoría fue inferior a la tasa de crecimiento económico y, a la vez, el nivel de equidad de Panamá se ubica por debajo de otros países cuyas economías presentan niveles similares de desarrollo a los de Panamá.
Dicho de otro modo, se pudo haber bajado más la pobreza de lo que se hizo, y hubo por otra parte muy pocos avances en materia de distribución de la riqueza medido en términos del coeficiente de Gini.
La experiencia de otros países que han tenido éxito avanzando hacia mayores niveles de desarrollo demuestran la importancia de reconciliar estos dos componentes (competitividad e inclusión) de manera sinérgica para crear condiciones en las que ambos objetivos se retroalimentan.
Cuando menos a nivel teórico, el concepto consiste en que, en la medida de que se creen nuevos incentivos, más agentes de diversas esferas sociales y económicas se incorporan al crecimiento, y a su vez el crecimiento se nutre del aporte y los recursos que estos nuevos grupos brindan al proceso.
Ambos objetivos se complementan generando una especie de círculo virtuoso tal que el logro del uno facilita el logro del otro.
Pero resulta claro, en el caso de Panamá, la importancia de mejorar la rendición de cuentas y la institucionalidad, entre otros elementos, así como la independencia de los poderes y el Estado de derecho como base fundamental a efectos de lograr condiciones políticas que mejoren la representatividad, la productividad y la inclusión de vastos sectores de la sociedad.
