Ninotshka Tam /Analista del Centro Nacional de Competitividad
Durante los últimos quinquenios, Panamá ha venido creciendo a un ritmo muy superior al resto de la región, lo que ha permitido al país una sensible mejora del ingreso per cápita. Igualmente, en el quinquenio venidero, a pesar de que la expansión económica será inferior, se prevé una tasa que volverá a colocar a la nación como líder regional.
Sin embargo, también resulta evidente que persisten problemas estructurales que pueden resultar un impedimento para que esta senda de crecimiento sea sostenida, y se requieren por demás profundas reformas para que esa expansión redunde de forma efectiva en favor de una mayor equidad y una sensible reducción de la pobreza.
Una fórmula para identificar esos retos estructurales es a través de los indicadores del Foro Económico Mundial (FEM).
Dicha evaluación arroja luces con respecto a los cuellos de botella que impiden a Panamá lograr estos objetivos y las posibles soluciones.
Por ejemplo, Panamá presenta favorables condiciones en su nivel de infraestructura física y el desarrollo de su mercado financiero.
Además, a pesar del creciente endeudamiento y ritmo del gasto público, el país viene presentado un “performance” positivo en su entorno macroeconómico, en la eficiencia de su mercado de bienes, la innovación y la tecnología y la sofisticación de sus negocios.
Por otro lado, el país presenta retrasos en la calidad de sus instituciones, por ejemplo, en la provisión de la salud pública y de su educación -principalmente la secundaria-. Igualmente, muestra deficiencias en la capacitación a nivel de su educación superior.
A estos desafíos se suma la necesidad de mejorar la justicia y la confianza de la comunidad en los políticos, y en general, de reducir la corrupción.
A simple vista, pudiera llegarse a la equívoca conclusión de que se trata en su mayoría de tareas o sacrificios pendientes exclusivamente por parte del sector público o de los estamentos políticos.
No obstante, por ejemplo, persisten cuantiosos subsidios y exoneraciones (algunos sociales y otros dirigidos a las empresas), lo cual deviene en abultados gastos presupuestales y provoca distorsiones e ineficiencias económicas.
Más aún, en el caso del mercado laboral, subsisten serios cuellos de botella derivados de rigideces y de insuficiente capacitación que inhiben la productividad y que exigen un profundo compromiso de cambio de parte de los gremios laborales.
Algunas de estas áreas de reforma requieren pocos recursos y exigen más bien voluntad de transformación.
Sin embargo, dichos cambios solo pueden lograrse a través de un amplio consenso en el que prevalezcan la confianza y la certeza de que cualesquiera sacrificios constituyen meramente condiciones transitorias, y que los beneficios que derivarán de las reformas pendientes superarían con creces esos sacrificios temporales.
Por una razón u otra, en nuestro país, en ocasiones, los actores se sumen en una especie de inamovilidad o inacción en la que prevalecen el interés particular en vez del general, el antagonismo en vez del consenso, lo que solo puede superarse a través de la iniciativa de todos los involucrados y en un efectivo liderazgo, pero sobre todo una visión común de país que brinde confianza a todos los involucrados.
Requiere, por ende, deponer intereses particulares y restablecer condiciones que refuercen una institucionalidad que se fundamente en una aplicación imparcial y amplia del Estado de derecho y la justicia para desarrollar un modelo incluyente que genere incentivos para la participación de todos los sectores económicos del país.
