Según expertos del área de la construcción, la Ley de Interés Preferencial es un tema muy complejo que a la larga no beneficia a las personas que desean adquirir una vivienda y la gradualidad de los cambios hará prácticamente imposible tener el hogar soñado.
Estas afirmaciones se dan luego que el ministro de Vivienda, Roosevelt Thayer presentó el pasado lunes al pleno legislativo el anteproyecto de ley por el cual se modifica el régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios.
El titular de Vivienda destacó que con este anteproyecto se pretende extender por cinco años más los beneficios establecidos por la ley original sobre intereses preferenciales.
Agregó que el límite del valor de compra o de construcción de B/.25,000 que fija el proyecto, se adopta con el fin de estimular en inversión de viviendas de bajos costos para personas de ingresos medios.
Sin embargo, en la práctica ha producido un aumento en la demanda de préstamos hipotecarios de hasta B/.25,000.
Según Thayer, en 1997 las cifras del Banco Hipotecario Nacional reflejaron que los préstamos menores a B/.25,000 abarcaban un 27%, mientras que el año pasado este porcentaje aumentó a un 38% del total de préstamos.
Por su parte, el director general de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Eduardo Rodríguez, destacó que el gremio conjuntamente con la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (ACOBIR) y algunos bancos hipotecarios del país, estarán pendientes de los trámites a seguir con esta ley.
Según Rodríguez, la CAPAC aspira que del análisis de los proyectos presentados por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo se pueda obtener un proyecto de ley que responda a los intereses de los miles de panameños, quienes aspira adquirir una vivienda.
Agregó que la Ley de Intereses Preferenciales es un incentivo al comprador de viviendas, sin beneficiar al sector construcción ni a los bancos.
A pesar del actual déficit habitacional que alcanza las 200,000 unidades de vivienda, cualquier esfuerzo que se haga por mantener esta ley resultaría un beneficio para la sociedad panameña, dijo Rodríguez.
Sostuvo que la CAPAC mantiene su posición de la prórroga de la norma de acuerdo con sus términos actuales de (B/.62,500) con estructuras o rangos de beneficios como lo establece la ley vigente.
