Inversión podría afectarse en Panama Ports Company

La inversión de Panama Ports Company (PPC) podría afectarse con las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas en la Corte Suprema de Justicia contra la resolución que equiparó su contrato, reconoce la firma Morgan & Morgan.
El abogado Enrique Jiménez, quien pertenece a esta firma, recalcó que la empresa tiene todas las intenciones ejecutar su inversión, pero son conscientes de que si se vulnera la equiparación bajo la cual esperan operar, " esto en un momento dado podría afectar la decisión de invertir".
Pero a pesar de la incertidumbre que ocasionan estos recursos legales, Jiménez indicó que se avanza en los procesos de llamamiento de contratistas para iniciar los trabajos cuanto antes. Se espera colocar la primera piedra de la tercera fase dentro de tres semanas, sin embargo, la demanda de nulidad solicita la suspensión provisional de la equiparación hasta que se resuelva el recurso, lo que significa que la empresa tendría que pagar los 22 millones de dólares que le paga al Estado de anualidad fija.
Por su parte, Eduardo Morgan indicó que desde el punto de vista legal y jurídico, defenderán la posición de la empresa, porque creen que existe sustento jurídico "para combatir los argumentos que se han presentado".
" Nosotros como abogados y panameños le hemos dicho a la empresa que no tenga la menor duda en hacer su inversión, pues esta demanda no tiene ninguna posibilidad", recalcó Morgan. La demanda sustenta que la empresa recibió cerca de 800 millones de dólares en infraestructura, por lo que sus condiciones no pueden ser comparadas con las de las demás terminales portuarias.
Morgan asegura que recibieron activos con un valor de 54 millones de dólares, que comprende el muelle y varios edificios que aún no ocupan ni utilizan. Los representantes legales de la compañía estiman que la demanda de inconstitucionalidad no cuenta con una base jurídica, porque el MICI está legalmente autorizado para equiparar los contratos portuarios, de acuerdo con los términos de Concesión de las Terminales Portuarias de Balboa y Cristóbal, sin que las modificaciones tengan que pasar por la Asamblea.