Los grandes errores de agrimensura de muy vieja data unidos al apremio en la resolución de conflictos en cuanto a la posesión de tierras, urgen la creación de un Tribunal de Tierras.
La Asociación de Corredores de Bienes Raíces (ACOBIR) sostiene que "nuestros tribunales no están en la capacidad de atender estos conflictos como consecuencia del exceso de casos de otra índole, o por la falta de especialización en el bien inmueble".
Según Jaime Correa, presidente honorario de ACOBIR, tales conflictos constituyen un freno a la seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria y por ende, al desarrollo económico nacional. La seguridad jurídica juega un papel importante en este sector de la economía.
"Si una persona no está segura de que al comprar una "X" hectárea de tierra, ésta pertenecerá a él, dudará de hacer una inversión", manifestó.
Consideró además que la resolución expedita de la posesión de tierras facilitaría no sólo la inversión de nacionales, sino también de extranjeros en materia de agilización de proyectos.
La actividad inmobiliaria en general que incluye venta, arrendamiento, construcción y demás en los últimos 5 años ha representado entre un 14.5 y 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
Con la creación de esta instancia se busca constituir un tribunal especializado en los mecanismos de la tierra para acelerar los trámites y estar seguros de que se imparta justicia en esta materia.
Correa explicó que la propuesta pretende ser llevada a la Asamblea Legislativa como iniciativa del Ministerio de Economía Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Catastro.
Este tribunal tendría dentro de sus funciones específicas: definir los conflictos que surjan en las tierras. Por ejemplo, se atenderían casos como el de la provincia de Darién, donde se libra un problema de tierras entre indígenas y colonos.
Adicionalmente, el corredor indicó que se debe reglamentar la Ley 63 de 31 de julio de 1973, que crea la Dirección General de Catastro, la cual advierte la obligación de decidir en estos casos en primera instancia. Correa cuestionó que la dirección apruebe los planos pero a su vez, está impedido de hacerles correcciones.
En el anuncio de esta propuesta, la junta directiva de ACOBIR, presidida por Natasha Sucre, entregó al presidente de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, Francisco Reyes, el texto único de la vigente Ley 39 de 2002.
Esta modifica y adiciona artículos a la Ley 13 de 1993, la cual regula el Régimen de Propiedad Horizontal o régimen de unidades departamentales.
Mediante este documento se autoriza a la Comisión de Vivienda a realizar un reordenamiento sistemático de las disposiciones no reformadas y de las nuevas disposiciones, lo cual facilitará a los propietarios de unidades departamentales, a los miembros de juntas directivas de condominios, así como a los administradores e integrantes, la interpretación adecuada de los deberes y derechos de quienes conviven en un inmuebles elevados al Régimen de Propiedad Horizontal.
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