Proyecto de liquidación
- De acuerdo con el Ipacoop, el objetivo de la liquidación está dirigido a lograr la cancelación de la totalidad de los depósitos y devolver la mayor proporción de los aportes con los excedentes que se puedan presentar. El plazo estimado de la liquidación será de 30 meses.
- El porcentaje estimado de pago de depósitos será entre 90% y 100%. Además, el porcentaje estimado de recuperación del capital de la cartera será del 77%. El presupuesto promedio de operación mensual será de $90 mil, el cual disminuirá proporcionalmente como resultado de la economía de costos.
- La entidad establece el valor
- recuperable de propiedad (edificio) y mejoras en 3 millones 800 mil.
Proceso
- 28 de junio de 2012, Ipacoop ordena intervención de Coaccess.
- 21 de marzo de 2013, Ipacoop ordena liquidación y disolución.
- 8 de agosto de 2013 presenta proyecto de liquidación.
“Lo importante es entregar los ahorros a los asociados y cumplir con las responsabilidades económicas que tiene pendiente Coacecss. No se puede pensar solo en el espíritu cooperativista”, manifestó a Panamá América Ana Giselle Rosas de Vallarino, directora del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop).
De acuerdo con la funcionaria, no existe forma de salvar la cooperativa, contrario a lo que establece el Comité Cívico pro Salvación de Coacecss en una propuesta que detalla estrategias económicas que, según los proponentes, lograrían no disolver la cooperativa con 46 años de existencia, 14,975 asociados y 1,500 inversionistas.
Luis Cheng, auditor independiente, asesor de la Coordinadora pro Rescate de Coacecss y quien ejecutó un informe financiero sobre la cooperativa, sostiene que la situación de la asociación al 28 de junio de 2012, fecha en que comenzó la intervención por parte del Ipacoop, era muy fuerte en lo relativo a los índices de solvencia y liquidez.
Cheng acota que prueba de la liquidez de la cooperativa, antes de la intervención, es su capital neto o valor patrimonial neto que ascendía a 11 millones 320 mil 993 dólares.
Por su parte, Raúl Moreira, presidente del Colegio de Economista, consideró que debería haber mayor claridad en este caso y que realmente se pruebe si hubo o no irregularidad a lo interno de la cooperativa y que si realmente se dieron irregularidades que quienes infringieron la ley deben asumir las consecuencias.
Sin embargo, destacó que la Corte Suprema de Justicia debe actuar oportunamente porque se pudiera hacer un terrible daño al sector cooperativo si realmente no existió tal iliquidez que se ha señalado.
Para el economista, es incongruente que durante la intervención se compraron bonos millonarios al Estado y luego se diga que existe iliquidez.
Por su parte, Cheng sostiene que el mismo plan de liquidación es una prueba de que es falso que en la cooperativa no hay plata, ya que sostiene que se pagarán entre un 90% y 100% de los depósitos con los que cuenta la cooperativa.
