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Islas Marshall, una burbuja dentro del negocio de registro de barcos

Abogados panameños advierten sobre la desventaja de la falta de seguridad jurídica en el registro de Islas Marshall.

Redacción Economia | economia.pa@epasa.com | @PanamaAmerica - Actualizado:

Islas Marshall, una burbuja dentro del negocio de registro de barcos

El registro de naves de Panamá (abanderamiento de barcos) sigue perdiendo brillo a nivel mundial. Aunque Panamá se mantiene en primer lugar con 8,153 abanderamientos de barcos, el país tiene un lento crecimiento en este aspecto, comparado con sus principales competidores: Liberia, que tiene 3,185 abanderamientos; e Islas Marshall, con 2,942 abanderamientos.

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Incluso en el último año, el registro de naves de Panamá reportó números negativos al compararse las estadísticas entre los años 2015 y 2016, en -0.53% de decrecimiento.

En la actualidad, el de mayor ascenso es el registro naviero de Islas Marshall con una tasa de crecimiento anual de 12.03%.

Este registro funciona a través de  una concesión a una empresa americana llamada Registros Internacionales (IRI), que opera desde Reston, Virginia, Estados Unidos, otorgada por el Gobierno  de una remota isla en el Pacífico. Geográficamente, el país es parte del grupo más grande de la isla de Micronesia, y su población es de unas 54,000 personas.

Sin embargo, las facilidades que brinda el registro de Islas Marshall tienen también su lado oscuro o negativo como la falta de seguridad jurídica y la desproporcionada relación entre los ingresos del negocio de registro de naves o barcos y el dinero que recibe el Gobierno de la isla para mejorar las condiciones humanas de sus habitantes.

La mayoría de los barcos registrados por Islas Marshall son petroleros o perforados, lo que también contrasta con la posición de la isla en contra del calentamiento global por un supuesto hundimiento de su territorio tras el aumento del nivel del océano Pacífico.

Las Islas Mrashall comparten fronteras marítimas con los Estados Federados de Micronesia, al oeste; Wake Island, al norte; Kiribati, al sureste y Nauru, al sur.

 Políticamente,  Islas Marshall –un estado miembro de las Naciones Unidas desde 1991- es una república presidencial en libre asociación con Estados Unidos, cuyo país le proporciona defensa, subsidios y acceso a agencias.

Con pocos recursos naturales, la riqueza de las islas se basa en una economía de servicios, en la pesca y la agricultura. La ayuda de los Estados Unidos representa un gran porcentaje del producto interno bruto de ese país,  que usa el dólar como su moneda.

La pobreza de Islas Marshall contrasta con los millonarios ingresos anuales que obtiene la empresa concesionaria del registro naviero de Islas Marshall.

A la isla solo ingresan, aproximadamente, 4 millones anuales de un negocio que genera más de 80 millones anuales, de acuerdo con publicaciones internacionales.

El 52.7% de la población de las Islas Marshall vive por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo. Solo 39.3% de la población con 15 años de edad o más tiene empleo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó entre los problemas significativos de Islas Marshall la corrupción del Gobierno y la violencia doméstica, junto con el abuso infantil, el tráfico sexual y la falta de disposiciones legales que protejan los derechos de los trabajadores.

Una de las debilidades de abanderar un barco bajo el registro de Islas Marshall es la falta de seguridad jurídica, afirman abogados expertos en el negocio marítimo. Los jueces del Tribunal Supremo de Islas Marshall  estarían operando y ejerciendo desde Hawái.

Recientemente, partes involucradas en casos marítimos internacionales  han solicitado que la isla asuma competencia de litigios  rechazados en Cortes de Nueva York. La pregunta sería ¿Puede un Gobierno ofrecer seguridad y estabilidad jurídica cuando sus jueces operan y emiten fallos desde otra jurisdicción?

Para el abogado y experto en temas internacionales Adolfo Linares, la disminución de abanderamientos en Panamá tienen que ver con el hecho de que  agrupaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han obligado a Panamá a tomar una serie de medidas regulatorias excesivas e innecesarias con el pretexto de  una lucha contra el lavado de dinero, que afecta la competitividad del país frente a jurisdicciones flexibles como Islas Marshall.

"Desconozco las razones de las medidas que no se están aplicando para competidores de servicios marítimos como Islas Marshall, pero  asumo que el registro de naves de Isla Marshall es una concesión de una empresa americana y obviamente los Estados Unidos presionan a Panamá para que cambie sus medidas a la fuerza en detrimentro de nuestra competitividad", manifestó.

Indicó que la Cancillería de la pasada y actual administración han actuado de manera dócil, lo que ha afectado los intereses nacionales. 

La abogada Verónica Mulino señaló que  la razón por la cual Panamá se mantiene líder en el registro de barcos es porque muchos registros o muchas personas todavía ven que en Panamá existe el Canal y que si hay una seguridad jurídica, "algo que uno puede ver en la economía, a diferencia de registros privados que son compañías en concesiones.

"Japón, que sigue siendo uno de los grandes clientes de Panamá, todavía ve a Panamá como esa opción de seguridad y es lo que nos mantiene como número, mientras que muchos al momento de otorgar un préstamo para compra de barcos no se sienten seguros cuando son registros privados como isla Marshall", explicó Mulino.

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