Finalmente, sólo la Justicia determinará quién tiene la razón en el conflicto entre la empresa Central de Fianzas (CF) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La organización afirma que es objeto de una persecución, por su relación con la fianza a Martín Rodín por el caso CEMIS, mientras que la entidad señala que sólo cumple con su responsabilidad de fiscalizar.
Un nuevo giro tomó el conflicto, luego que la Junta Técnica de Contabilidad se pronunció en contra de la querella interpuesta por la CF con respecto a la no idoneidad de Adriana Fernández y Raúl Vallarino, responsables del informe divulgado que señalaba íliquidez por parte de la empresa.
El viceministro de Comercio Interior, Temístocles Rosas, quien ha salido al frente de las denuncias, indicó que la Junta Técnica de Contabilidad discutió el tema y ha solicitado al Comité de Denuncias que prepare una resolución rechazando la denuncia, ya que la misma no coincide con lo que establece la ley, debido a que se considera que las acciones administrativas en las instituciones públicas de fiscalización no están dentro de la competencia de la ley 57.
En el centro del problema figura el conflicto familiar de los Rodin, y una supuesta relación familiar entre la superintendente Ana Lorena Broce y el abogado del empresario Lou Rodin, José Nelson Brandao, situación que según la CF, es lo que motiva a Broce a mantener una supuesta persecución en su contra, con el fin de conocer los colaterales de Martin Rodin y Stephen Jones, directivos del Consorcio San Lorenzo.
Al respecto, el funcionario aseguró que la CF pretende forzosamente mezclar el conflicto de los Rodin con el incumplimiento de la empresa, en su momento, del margen de solvencia que establece la ley.
"Quiero aclarar que la solicitud de verificar que las fianzas estaban cubiertas con las garantías o colaterales requeridos fue solicitada por la misma Central de Fianzas", dijo Rosas.
Agregó que fue el propio Arturo Garrido, gerente general de CF, quien emitió una nota en el mes de marzo, para que la Superintendencia certificara si esas fianzas existían.La entidad no ha realizado ninguna acción más allá de verificar los márgenes de solvencias que corresponden trimestralmente, indicó el funcionario.
"Estas personas (CF) llevan dos periodos incumpliendo con el margen requerido por la Superintendencia, por ende se les han impuestos sendas multas, que es lo que compete por ley", explicó.
Actualmente, la Superintendencia está evaluando si CF no cumple nuevamente con los requerimientos, debido a que ha transcurrido el tiempo estipulado luego que se les solicitó un plan de reestructuración. "Si vuelven a incumplir, la Superintendencia tiene que considerar la intervención de esta empresa", mencionó.
"Estamos garantizando que la empresa cumpla con los requisitos que exige la Superintendencia por ley para que mantengan una salud financiera y que puedan seguir operando", indicó.
No obstante, para María Alejandra Gutiérrez Balverdi, asesora legal de CF, los señalamientos de Rosas están basados en una desinformación.
Aseguró que Adriana Fernández y Raúl Vallarino no tienen tres años de estar auditando la empresa, sino que los funcionarios entraron a la Superintendencia en junio del año pasado y que anteriormente eran auditados por Ana Montes, que sí es contador público autorizado (CPA).
Aseguró que la CF no está cuestionando la facultad de inspeccionar de la Superintendencia, sino las condiciones particulares en que se dieron las auditorias por personal no idóneo y las faltas administrativas que se suscitaron.
"Los funcionarios se presentaron sin carnet de identificación, sin nota de autorización, se negaron a decir quién los había enviado y qué era lo que estaban buscando. Nos mantenemos en la posición en que estas personas no son idóneas para realizar auditorias", dijo.
La abogada aseguró que Fernández y Vallarino se presentaron el 20 de mayo, única y exclusivamente a conocer los colaterales de Jones y Rodin, "de eso tengo pruebas".
Además, explicó que para establecer el margen de solvencia los colaterales no tienen nada que ver, porque al ser una cogarantía del cliente, en caso de que la empresa tenga que pagar la fianza, no entra en el patrimonio porque no le pertenece a la empresa, por lo que no determina el margen de solvencia.
"No puedo publicar esa información, porque no es mía, sino del cliente. Sin embargo, sí puedo revelar la cifra de los colaterales en general, pero no detallar a quién pertenece cada uno de ellos", indicó Gutiérrez.
La querella criminal que interpuso la CF contra la superintendente Broce se encuentra en la fase de investigación y corroboración de Pruebas en la Fiscalía Decimocuarta.
"Si hemos tenido alguna irregularidad en cuanto al patrimonio y la solvencia, la hemos ido subsanando, pero eso no significa que la empresa esté quebrada. Lo que nos llama la atención es que la Superintendencia, sabiendo que estamos en una situación sana, no se ha pronunciado", dijo.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
