A pesar de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) estaba enterada del vencimiento de la polémica concesión a la empresa Ocean Pollution Control (OPC) en diciembre pasado, no hizo nada para llamar a licitación, habiendo ofertas de empresas interesadas.
El año pasado, la AMP dijo a Panamá América que había tres empresas interesadas y que llamaría a licitación.
Citó entre las compañías que cuentan con licencia de operación y certificadas por la AMP a Slop & Oil Recovery S.A., Layne Commercial Services INC, Osro Panamá INC y OPC.
Sin embargo, Osro Panamá y OPC tienen afinidad en cuanto a sus administradores, lo que las constituye en un mismo grupo.
La concesión otorgada de manera directa a OPC hace veinte años, y con que se le dio exclusividad para el servicio de recoger derrames en las aguas y costas panameñas, venció en diciembre pasado, por lo cual la AMP anunció antes de esta fecha que estaba trabajando en el pliego de cargos.
Alegó además que no daría de forma directa la concesión y que se convocaría a una licitación.
Sin embargo, ello no sucedió y en su lugar, dejó pasar el tiempo y ahora comunicó que le extendería el contrato a la polémica OPC.
Mediante Resolución JD 0042018, la junta directiva de la entidad aprueba la prórroga por un año del contrato de concesión 203397 de 3 de diciembre de 1997 con la sociedad Ocean Pollution Control S.A.
Indica la resolución que mientras la AMP no logre perfeccionar una contratación a través de una licitación pública de conformidad a la normativa de contrataciones públicas de la República que supla y ampare los servicios que se prestan a través del contrato, se hace necesario extender el término del referido contrato.
Señala también que es obligación del Estado prevenir y controlar los derrames de hidrocarburo y sustancias químicas y cualesquiera otros desastres o accidentes que ocurran en los espacios marítimos, por lo que se tomó la decisión de prórroga.
Destaca la resolución que el contrato de concesión a OPC fue modificado por medio de adenda 1 de 26 de abril de 1999.
La cláusula tercera del contrato de concesión establece que el término de contrato podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo entre las partes en cualquier momento de su vigencia, siempre que la concesionaria lo solicite por escrito a la AMP.
Manifiesta que OPC solicitó a la AMP, mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2017, la formalización de la prórroga del contrato de concesión 2003397.
Sin embargo, antes deque venciera la concesión en diciembre de 2017, se manejaba información de un movimiento de grupos vinculados a la actual concesión por tratar de competir y hacerse nuevamente del negocio.
En el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, la Contraloría pidió que se declarara nula la concesión de OPC por considerarla lesiva para el Estado.
La Contraloría también vinculó a OPC a dos funcionarios del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Hugo Torrijos y Rubén Reyna.
La petición de la Contraloría no prosperó y la Corte Suprema declaró legal el contrato.
En 2009, la AMP trató de reducir los millonarios ingresos de OPC con la concesión de 1997, ya que hasta esa fecha estaba vigente una adenda que le permitía a la empresa cobrar una tasa de previsión por contaminación a cada embarcación que tocara puerto panameño.
De acuerdo con información publicada en periódicos de la localidad, esta tasa le generó ingresos a la empresa que se incrementaron gradualmente de 2 millones a 6 millones de dólares.
