Una nueva ley de alquiler de viviendas abrió el enfrentamiento en Venezuela entre la visión del presidente, Hugo Chávez, de intervenir un mercado golpeado por el déficit y la especulación, y de los propietarios, que temen por la propiedad privada y la oferta inmobiliaria.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que deberá ser sancionada por Chávez para su entrada en vigor y con la que el Gobierno busca, según explicó el diputado Diosdado Cabello, lograr establecer “reglas del juego claras”.
La norma prevé que el canon de arrendamiento anual no supere el 5% del valor del inmueble, así como el derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos, por cuyo fuero pasarán toda la relación entre dueños e inquilinos.
Grupos de propietarios han elevado sus críticas contra la legislación e incluso han pedido a Chávez que no la sancione, por considerarla “desequilibrada”.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, explicó que la ley “da luz verde a algunos abusos que algún inquilino pueda cometer” y aseguró que la legislación es similar a una dada en Cuba.
