La próxima semana se firmará el decreto que reglamentará el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR), el cual tenía que haberse publicado el 3 de junio, según el plazo establecido en la Ley de Equidad Fiscal o Ley 6.
Porras asegura que no pueden seguir "aguantando" más la reglamentación porque el país necesita saber cuándo pagar el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta y cuándo no.
Señaló que en los últimos días, el equipo del Ministerio de Econmía y Finanzas (MEF) ha mantenido conversaciones con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), quienes han acordado dar el voto de confianza al Gobierno, frente a los cambios.
El CAIR es el tema más polémico. Porras explica que originalmente la ley dice que se grava sobre la renta bruta, pero quedaba sin entenderse si era sobre las ventas totales o el ingreso gravable.
El ministro Ricaurte Vásquez tenía la opinión de que era sobre la ventas totales, pero ya existe acuerdo con la empresa privada de que se van a aceptar las devoluciones y descuentos, pero deben estar documentados.
De los ingresos en especie, anadió que cuando asumió el cargo le pidió al ministro que establecieran las reglas de cómo se iba a manejar. Aclaró que han plasmado en el documento que no son salarios en especie los gastos en transporte, vehículos ni celulares que se den a los trabajadores asalariados por la naturaleza de su cargo (mensajeros, vendedores, pasantes, compradores).
Informó además que existe una solicitud de que se permita a los grupos económicos consolidar sus estados financieros y declarar para evitar la afectación de su renta al CAIR, lo que está considerando el ministro Vásquez.
También se establece que si en seis meses la DGI no resuelve una solicitud de no aplicar el CAIR, se entiende por aceptada. Es la primera vez que en el país se va a establecer un método de silencio administrativo.
La Dirección General de Ingresos (DGI) ha detectado en los centros comerciales que, de 20 empresas, cinco le cobran el 5% al cliente pero no lo reportan al fisco.
En Panamá se establecerá una regla muy clara de que la tasa efectiva no puede ser superior al 24% de las ventas. El que se pasa, pagará por el método tradicional.
La DGI deberá aplicar varios procesos que incluyen el cambio de los formularios de declaración.
La Ley 6 debe ser modificada, pues la reglamentación no puede contrariar su espíritu, según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
