Si los representantes de la compañía de origen asiático, aceptan negociar con el Estado el pago de una contraprestación por las tierras que usan para sus operaciones, significaría el ingresos de millones de dólares a las arcas nacionales, y el planteamiento de unas nuevas reglas de juego para todos los operadores del país.
El gobierno pasado eximió a PPC de pagar 30 millones de dólares anuales, en concepto de renta por 45 años, tiempo de duración del contrato.
La decisión representa una pérdida acumulada de más de 1,200 millones de dólares en impuestos.
Esta acción trajo como consecuencia que con la llegada del gobierno de Martín Torrijos se presentara ante la Corte Suprema de Justicia, una querella que pretende demostrar la ilegalidad de la resolución firmada por quien fuera de ministro de Comercio, Joaquín Jácome.
Aunque el ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, afirmó que efectivamente existe un contrato ley que se debe respetar, una addenda dentro del documento permite que las partes se puedan sentar en una negociación.
Por su parte, los directivos de la empresa portuaria, que tiene bajo su organización, la operación del puerto de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, están analizando la propuesta gubernamental, teniendo como plazo hasta el lunes para dar una respuesta.
Recientemente, Alejandro Kouruklis, gerente de PPC, declaró que estarían dispuestos a negociar.
"Lo importante en este momento es que todo tipo de conversaciones da lugar a que el sector portuario en Panamá crezca, y así se puede resolver cualquier problema y diferencia en la actividad marítima", dijo Kouruklis hace un mes, cuando conoció el resultado del acuerdo entre el Estado con los puertos de Manzanillo y Colon Container Terminal.
En esas negociaciones el gobierno logró que las empresas portuarias pagaran 24 millones de dólares por el uso de las tierras solicitadas a la AMP, dinero que será destinado al desarrollo de la provincia de Colón.
Aunque se está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la equiparación de PPC, los directivos de la empresa anunciaron hace poco una inversión adicional de mil millones de dólares a la estipulada en el contrato ley entre los puertos de Balboa y Cristóbal, en un periodo de siete años.
De la cifra anterior este año serán utilizados 300 millones de dólares para la modernización de ambos puertos.
Con estos 300 millones de dólares construirán un nuevo muelle con tres grúas en el puerto de Balboa, y otros dos muelles nuevos, patios de contenedores y nuevas grúas en el puerto Atlántico de Cristóbal.
Esta primera etapa culminará en el 2006.
Directivos de PPC aseguran que hasta la fecha han pagado al Estado 130 millones de dólares en impuestos.
El MICI encabeza las negociaciones con los operadores portuarios, junto a representantes de la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.
