El proyecto N0. 162 que reglamenta las operaciones de las Casas de Remesas de Dinero fue reconsiderado por la Asamblea Legislativa luego que Dalys Terán, directora de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales (UAF), advirtiera la importancia de la iniciativa en la prevención de transferencias ilícitas de dinero.
Esta semana, el proyecto no logró la votación de la mayoría de los legisladores, es decir, solamente habían 24 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones por ende, la iniciativa no fue votada y se eliminó el orden del día.
Sin embargo, ayer la Comisión Legislativa de Comercio reconsideró la iniciativa y decidió aprobar nuevamente el proyecto en primer debate para posteriormente enviarlo al pleno de la Asamblea.
En su carta dirigida a Carlos Alvarado, presidente del Órgano Legislativo, Terán hizo alusión a la recomendación N0. V1 sobre "Sistemas alternativos de envío de fondos", del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según esta recomendación "los países deben tomar todas las medidas para asegurar que las personas físicas y jurídicas, incluyendo los agentes que brindan los servicios de transmisión de dinero o títulos valores, incluyendo las transferencias a través de redes o sistemas informales, deban estar autorizados o registrados y sujetas a todas las recomendaciones del GAFI ".
A raíz de que la actividad económica mueve cerca de 200 millones de dólares anuales al año, entre transferencias enviadas y recibidas es importante que la misma sea regulada para prevenir el uso indebido.
Este proyecto de ley busca regular mediante un ente en este caso el Ministerio de Comercio (MICI) las casas de remesas o las empresas que realizan transferencias de dinero vía electrónica de un país a otro.
En Panamá este tipo de negocios no está sujeto a una regulación. Por ejemplo, si una persona aspira abrir una empresa como ésta, sólo requiere una licencia comercial y las operaciones realizadas no son sometidas a revisión.
Pero "al existir una ley se faculta al Ministerio de Comercio (MICI) a que regule y supervise estas actividades, otorgándole un permiso especial, para que pueda fiscalizar sus operaciones a fin de detectar el origen y destino de los fondos" manifestó el viceministro de Comercio Interior, Temístocles Rosas.
Explicó que la iniciativa surge por la creciente utilización de este tipo de empresas en el movimiento de dinero a nivel de toda la región.
Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al año 2002 indican que de los EU hacia los países latinoamericanos se "remesan" cerca de 24 billones de dólares por año. Solamente El Salvador recibe en su economía remesas por el orden de 2 mil millones de dólares y República Dominicana mil 900 millones de dólares.
Mientras que en Panamá la cifra es superior a los 200 millones de dólares. "Esa cifra amerita que se regule la actividad más aún cuando el GAFI ha puesto especial énfasis en este tipo de operaciones se regule y se fiscalicen para que no sean utilizadas en lavado de dinero ni fines terroristas" sostuvo Rosas.
El proyecto de ley N0. 162 contempla sanciones pecuniarias que superan los 50 mil dólares en caso que se conozca que la operación fue utilizada para fines distintos incluso contempla hasta la cancelación de la licencia.
La iniciativa del Organo Ejecutivo fue presentado a la Asamblea Legislativa en septiembre del año 2002 cuyo objetivo era regular las operaciones de las casas de remesas de dinero.
