En toda una pugna de sinsabores se había convertido la licitación del Ministerio de Educación (MEDUCA) que garantiza la compra de libros de textos para los estudiantes de las escuelas oficiales del país.
El negocio, que se cerró por el orden de los 10 millones de dólares, logró dotar para el próximo año escolar, a iniciarse en marzo, de cinco libros para los alumnos desde primero a sexto grado, más seis textos para los estudiantes que van del séptimo al noveno grado.
También trajo una serie de quejas de parte de grupos de editoriales locales, que en la voz de Reneé Ávila, ex presidente de la Cámara Panameña del Libro, dijo que se había detallado que la mayoría de la licitación se le había adjudicado a empresas internacionales.
Esto se dio a que en parte se pidió un monto de 500 mil dólares de ingresos mensuales para poder participar, lo que era imposible cumplir para las editoriales pequeñas y medianas.
Ante esta situación, Mónica Ríos, coordinadora de contratos del Departamento de Asesoría Legal del MEDUCA, explicó que en efecto, se les pidió a las empresas interesadas un flujo de caja de 500 mil dólares.
“Lo hicimos pensando en que si tú no tienes 500 mil dólares en el banco, cómo vamos a saber si puedes cumplir con un contrato de 10 ó 8 millones, porque podías ganarte varios renglones”, detalló la funcionaria.
Otra de las quejas presentadas tenía relación con el precio base de los libros, ya que, según Ávila, algunos libreros locales habían presentado ofertas más económicas que las que al final no ganaron.
Al respecto, Ríos contó que desde septiembre del 2009, en las reuniones con las empresas interesadas, se les había explicado de la existencia del precio riesgo. Esta cláusula detalla que una obra que fuese propuesta con un 30% por debajo del precio base, tampoco sería tomada en cuenta.
“La gente te dice que ofertó menos, pero a cuenta de qué lo hacen, de bajarte la calidad o el contenido. Hay que recordar que estos libros deben durar cinco años, y serán pasados de mano en mano por los estudiantes al cambiar de año”, respondió Ríos.
Adicionalmente se cuestionó a la Comisión Verificadora que dio el visto bueno final a las obras en concurso presentadas. Al respecto, Ríos añadió que esta Comisión era necesaria por ley, según detallan las normas de licitación pública, y que era compuesta por docentes para que fuese imparcial.
