El Gobierno de México enviará en los próximos días al Congreso una propuesta de reforma eléctrica para aumentar la entrada de capital privado y garantizar al sector las inversiones necesarias para abastecer la creciente demanda.
Los expertos consideran que la propuesta estará limitada por las trabas que interpondrá la oposición, que ya advirtió al Ejecutivo de que no tramitará reforma alguna que vulnere la Constitución, ya que ésta define la electricidad como un sector estratégico reservado al Estado.
Según la Carta Magna, está prohibido que los particulares participen en la generación y distribución de la energía eléctrica.
Por ello, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un decreto del presidente Vicente Fox que autorizaba a las empresas privadas a vender sus excedentes de electricidad.
Si dependiera sólo del Gobierno, la apertura no debería tener límites para que lleguen nuevas inversiones privadas y se pueda lograr el crecimiento que requiere el sector, a fin de no sufrir un desabastecimiento a medio plazo.
Los organismos del Gobierno encargados de redactar la propuesta no han anticipado los términos definitivos del documento, que para los observadores se limitará a proponer modificaciones secundarias que regulen el sector y propicien una apertura restringida y controlada.
222 Los empresarios y la gran mayoría de analistas financieros han insistido en la urgencia de una reforma en el sector eléctrico para permitir el acceso del capital privado.
El Gobierno de Fox ha mantenido conversaciones con los líderes de los principales partidos para coordinar un texto que facilite su trámite, y que tendrá como hilo conductor flexibilizar las leyes y hacer más eficiente la operación de la industria eléctrica.
La propuesta de Fox irá a la Comisión Permanente del Congreso, que está en funciones durante el receso legislativo, y desde allí se enviará a la comisión de asuntos energéticos del Senado, que comenzará sus sesiones el 1 de septiembre.
En esa comisión también se tramitan otros dos proyectos, uno que dejó el anterior gobernante, Ernesto Zedillo (1994-2000), y otro presentado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Verde Ecologista (PVEM).
La estrategia del Gobierno será desarmar la actitud prevenida del PRD, que tiene la posición más radical frente a la administración de Fox, y congraciarse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no ha logrado cerrar las heridas electorales de hace dos años.
A sabiendas de que con los votos del conservador Partido Acción Nacional (PAN) no le alcanza, y que sin consenso sus reformas no llegarán a ninguna parte, el Gobierno parece resignado a pelear por la mayor apertura posible, aminorando al máximo el costo político. Según el Gobierno, los partidos parecen más interesados en sus estrategias para los comicios del próximo año que en las reformas, y eso podría causar un retraso innecesario de la apertura del sector eléctrico y la discusión de otras reformas, como la laboral.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
