Medidas más flexibles y la ejecución de cuatro leyes para facilitar el acceso al crédito de las microempresas que operan en el mercado local se aplican en Panamá, lo que llevará a mejorar más la competitividad del país a nivel global.
El Gobierno central busca que estas reglamentaciones sirvan de apoyo para que a las microempresas se les reduzcan los obstáculos para que estas se vuelvan empresas formales, que sus beneficios se incrementen y puedan participar en el mercado con una mayor participación, manifestó Nicolás Ardito Barletta, director general del Centro Nacional de Competitividad (CNC).
Sin embargo, cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), reflejan que la banca de microcréditos viene creciendo a un buen ritmo, ya que al mes de octubre de 2013 esta cartera aumentó un 19.07%, al alcanzar un saldo de 6 millones 93 mil dólares.
Desde el mes de enero a octubre del año pasado, el monto de los microcréditos sumaron unos 975,610 dólares adicionales al compararlo con el saldo desembolsado a octubre de 2012, cuando solo lograron colocar unos 5 millones 117 mil 600 dólares.
Desempeño
La pequeña empresa fue la cartera que registró el mayor monto con unos 2 millones 196 mil 950 dólares, seguida de la microempresa con unos 2 millones 115 mil 310 dólares.
Mientras, el segmento mediana empresa reflejó un monto que alcanzó 1 millón 780 mil 950 dólares, según datos de la SBP.
Pese a este buen desempeño, el Ejecutivo no está conforme con las actuales oportunidades que se les ofrecen a los microempresarios locales, por lo cual se ha propuesto ayudarlos ampliando la gama de beneficios como el acceso al crédito en todas las entidades bancarias y financieras del país, dijo Barletta.
Explicó que son muchos los panameños que se beneficiarán con estas modernas reglamentaciones, porque actualmente en la plaza local operan unos 200,000 pequeños empresarios, de los cuales el 65%, o sea unos 130,000 son informales, ya que todavía no tienen los niveles que debieron haber alcanzado hace mucho tiempo, por los años que tienen de operar.
Luis Maldonado, director del Centro de Sector Financiero de PwC e IE Business School, señaló que las entidades financieras deben ser conscientes de que compiten en un entorno global, e independientemente del mercado en el que operen.
Explicó que no cabe duda de que las necesidades de los clientes van cambiando, ya que hoy día estos esperan más de sus entidades y están cada vez mejor informados.
En otras palabras, son capaces de comparar los productos y servicios que les ofrecen, lo que indica que son menos leales, dijo.
Esto significa que las entidades deben ser capaces de ofrecer un servicio de alto valor al cliente que sea esencial para mantener la fidelidad de los mismos.
“Aunque no queda duda de que este mayor valor añadido solo se consigue con la especialización y el servicio de calidad”, agregó.
Reglamentaciones
Entre estas cuatro normas figuran el proyecto de ley que busca modernizar el sistema de garantías mobiliarias; el de microcrédito, que tienen como propósito ayudar a los microempresarios a crear una sociedad anónima.
Además de la reforma de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que establece que los estados de cuentas del pago de los servicios públicos sean reportados a la Asociación Panameña de Crédito (APC) para que las entidades financieras puedan verificar las referencias crediticias de los prestatarios.
Por ejemplo, con la ampliación de la Ley 2 de 1955 de garantías mobiliarias que no son bienes raíces, sino muebles o equipos de oficinas que tengan los comerciantes en su negocio, dijo Barletta, se busca que los bancos les faciliten el acceso al crédito, porque pueden poner como garantía sus equipos mobiliarios.
Esta ley, que fue de mucha utilidad en su momento, ha caído en desuso porque sus normas deben adecuarse a la realidad, dijo.
Mientras, la aprobación de la Ley N.º 72 de 9 de noviembre de 2009 de microcrédit tiene como fin apoyar financieramente las actividades de los operadores de las microfinanzas en beneficio de las mypes existentes en el país.
Esta norma se aprueba debido a que en Panamá existe poca oferta de operadores especializados en microfinanzas, así como una demanda insatisfecha en el sector de la micro y pequeña empresa (mypes).
Los análisis y estudios realizados por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) sobre el sector han determinado que la política de microfinanzas debe procurar el desarrollo de los operadores de primer piso para fomentar la generación de una oferta de productos y servicios microfinancieros con términos y condiciones competitivos.
También está la reforma de la Ley 24 de 2002, que tiene como fin que los estados de cuentas del pago de los servicios públicos sean reportados en la APC, la cual ha sido bien acogida por el sector financiero del país.
La APC señaló que lo que entienden de la modificación de dicha ley es que tiene como espíritu beneficiar al sector, el cual suele tener dificultades para acceder a créditos.
Esto se debe a que estos pequeños empresarios normalmente no cuentan con información reportada.
Con esta norma, los usuarios podrán solicitar de forma voluntaria que los estados de cuenta de los servicios públicos que pagan sean registrados en la APC.
En tanto, Luz María Salamina, gerenta de la APC, ha mencionado que con esta ley este sector empezaría a tener más posibilidad de obtener créditos en los bancos, pues se facilitaría realizar el análisis de la capacidad de pago que tienen al momento de acceder a un préstamo y hasta podrían recibir mejores términos de los que reciben.
En el caso de los bancos, todo dependerá de la política interna de la entidad, ya que el historial de crédito permite evaluar el riesgo en cuanto al nivel de la deuda.
Otra norma es la nueva figura jurídica, la Microempresa de Responsabilidad Limitada (MRL), que es equivalente a una Sociedad Anónima (SA), que le facilitará a los microempresarios crear una, pero no le costará $1,200, precio actual para poder crear una sociedad anónima, sino que tenga un valor de solo $40.
Para disfrutar de los incentivos, el microempresario debe registrarse en la Autoridad de la Pequeña y Microempresa (Ampyme), en el Registro Público, en la Caja de Seguro Social, en la Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá (Anip) y en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Al tiempo que le permita al microempresario poner el riesgo de la empresa separado de su riesgo personal como lo hacen todos los que crean una sociedad anónima, puntualizó Barletta.
Según Barletta, estas normas -las cuales han sido aprobadas en las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional- se promoverán entre los microempresarios y las entidades financieras del país para mutuo beneficio.
