Miembros del FMI apoyan reconstrucción de Irak

Los 184 países representados en el Comité Internacional Financiero y Monetario del FMI expresaron en Washington su apoyo a una resolución de la ONU sobre la reconstrucción de Irak, al término de su reunión semestral.
La resolución de la ONU debería tratar de cómo utilizar los recursos del derrocado régimen de Sadam Husein congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones contra Irak, según afirmó el ministro de Economía británico y presidente del Comité, Gordon Brown.
Brown consideró el consenso sobre la cooperación internacional en el Irak de la posguerra como un "paso positivo enorme hacia delante". En un comunicado, los representantes de los 184 Estados miembros subrayaron la necesidad de que toda la comunidad internacional se implique en la reconstrucción de Irak, una participación en la que deben estar incluidas "las instituciones financieras internacionales", que son "esenciales para el desarrollo económico, social y político de Irak".
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) "están preparados para desempeñar su papel normal en la reconstrucción de Irak en el momento apropiado", explica el comunicado.
En este sentido, el director gerente del FMI, Horst Koehler, declaró que "prepararemos un grupo de trabajo conjunto con el Banco Mundial y a su debido momento enviaremos una misión de evaluación a Irak", si bien "todavía es prematuro calcular cuándo".
Estas instituciones también seguirán muy de cerca el impacto del conflicto en todos sus miembros y están "dispuestos a ayudar y apoyar todos aquellos que se vean afectados negativamente", según se indica en el comunicado.
Hasta ahora, el BM y el FMI habían indicado que no habían recibido una petición formal para participar en el proceso de la reconstrucción del país árabe. Y el presidente del BM, James Wolfensohn, indicó que antes de enviar siquiera una misión técnica de evaluación a Irak tendría que someterlo a su consejo de administración.
La resolución 661 de Naciones Unidas, aprobada tras la I guerra del golfo Pérsico, en 1991, prohíbe a las instituciones internacionales el desarrollo de actividades económicas en Irak.