Un total de $2 mil millones anuales, en salarios, impuestos, regalías y compras locales es lo que esperan las empresas mineras que se extrapole como los beneficios que recibirá el ciudadano de darse el desarrollo minero en Panamá.
La respuesta es provocada por las críticas de los grupos ambientalistas que reclaman que el Estado, que es el que pone la tierra, sólo recibe como beneficio de una industria catalogada por ellos como contaminante, un 2% de regalías del negocio versus el 29% en concepto de ganancias que se llevan las mineras, y que son las que a su vez financian la inversión.
Globalmente hablamos de $94 millones en regalías y $1,368 millones anuales en ganancias en un promedio de 12 proyectos de cobre y oro a desarrollarse en el país.
Sin embargo, Julio Benedetti, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), indicó que “si tomamos en cuenta las compras locales, programas sociales, empleomanía, entre otros, entonces el porcentaje de beneficios al país sube a 45% de los ingresos totales de los proyectos”.
Esa versión es apoyada por unos y rechazada por otros.
Los actores a favor.
El total de impuestos que recibiría el Estado anualmente será de cerca de $967 millones y en otros renglones como gastos de las empresas acumulados en compras locales serán de aproximadamente $806 millones en 12 proyectos a desarrollarse, lo que según la CAMIPA, representa un dinero que estaría incluido como beneficios para el país.
Gubernamentalmente la posición es apoyada por Ricardo Quijano, viceministro de Comercio e Industria, que expresa que “la participación de las mineras va a ser muy grande para el Fisco, son por lo menos 700 u 800 millones, tenemos suficiente dinero para hacer programas de desarrollo y saldrán un monto de empresas que le den soporte a las grandes”.
No obstante, este aporte o el éxito de las empresas dependerá de su desempeño y de que el precio tanto del oro como del cobre se mantenga atractivo en el mundo.
En este último tema, Ernest Mast, presidente de Minera Panamá, empresa que extraerá cobre del distrito de Donoso en Colón, afirma que el uso internacional de autos eléctricos requerirá de más y más piezas de cobre, por lo que no prevé que el negocio surta un viraje.
Con el viento a favor de las industrias mineras, el beneficio cambia a otros renglones.
El entorno.
Según la experiencia de Zorel Morales, empresario ligado a la industria minera, los proyectos mineros usualmente se asientan en sectores donde la pobreza campea, en tierras áridas o muy alejadas.
En estos entornos la necesidad de acueductos, infraestructura eléctrica y servicios de salud son prioritarios y permite ejecutar una política de responsabilidad social empresarial activa.
“Para una empresa minera, es de vida o muerte tener una licencia social, es decir, que los vecinos, la gente de las comunidades apruebe su presencia, si no el proyecto no va para ningún lado” destacó Morales.
Son estas inversiones las que también reclama la industria minera le sean destacadas y sumarían más o menos $108 millones por año, según la CAMIPA.
El aporte de las minas es, según Quijano, ventajoso para el país ya que “ahora mismo el Estado tendría que financiar el desarrollo en estas áreas y con estos proyectos que ellos financiarían [las empresas] podríamos usar estos fondos para otras cosas”, cerró el alto funcionario. Sin embargo, no todos están de acuerdo.
La reacción.
Más allá de los aportes económicos, Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), se mantiene que el apoyo gubernamental a la minera es “una visión corta de desarrollo nacional marcada por administraciones partidistas que no están viendo las consecuencias de contaminación que traerán para los panameños, sobre la base natural [agua, suelos y aire] en la que se basa la economía de nuestro país”.
