La preocupación sobre la seguridad jurídica de Panamá no solamente incumbe a las empresas internacionales de telecomunicaciones. Altos ejecutivos de ICA Panamá se reunieron el martes l5 con la presidenta electa Mireya Moscoso en el local del Partido Arnulfista para dialogar acerca de la estabilidad o cambios al contrato del Corredor Sur. Fue la segunda reunión del alto comando de ICA con doña Mireya.
En el programa de gobierno de Unión por Panamá figura el contrato con ICA como uno de los puntos a tratar por el régimen arnulfista. Sobre la reunión con los ejecutivos de ICA no se ha manifestado la jefatura de prensa de la presidenta electa. De acuerdo al ingeniero Nicolás Trejos, quien asistió a la reunión con los abogados Dídimo Escobar del estudio Galindo, Arias & López y Andrés Jaén, gerente jurídico de ICA, formularon una exposición completa de los pormenores del contrato, temas ambientales motivo de controversia, los terrenos del antiguo aeropuerto Marcos A.Gelabert y otros aspectos.
Los ejecutivos de ICA salieron satisfechos de la reunión, convencidos de la posición constructiva de la presidenta electa en materia del contrato del Corredor Sur, pero conociendo que el gobierno de Mireya Moscoso aplicará una fiscalización estricta y severa de las cláusulas y términos de cumplimiento. El ingeniero Trejos y sus asesores legales son conscientes de que los principios de seguridad jurídica que preserva Panamá no excluyen la revisión de las concesiones para que las leyes y dispositivos conexos se cumplan a carta cabal, máxime cuando diversos sectores de la opinión pública, y particularmente la Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana han expresado cuestionamientos variados a la concesión del Corredor Sur.
En ese sentido, el otorgamiento del terreno del exaeropuerto donde ICA Panamá está desarrollando un ambicioso proyecto turístico que abarca, también, 35 hectáreas de rellenos en el mar, es uno de los asuntos más controvertidos por los voceros de la Fundación.
¿Desde el punto de vista constitucional es procedente que el Estado autorice concesiones de rellenos marinos, incluyendo las playas de utilidad pública?
El licenciado Dídimo Escobar responde a nuestra pregunta, manifestando que el ciudadano Carlos Ehrman ya presentó una demanda ante la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del relleno y que la Corte falló en sentido negativo al demandante, declarando la legalidad de las cláusulas primera, segunda, tercera, quinta, séptima, decimasexta y decimoctava del contrato, el 5 de diciembre de 1967. Abundando en el asunto, el licenciado Escobar puntualizó que la Corte Suprema se pronunció sobre casos similares en 1960. "Recuerde Ud. -dice- que Punta Paitilla es un relleno en el mar y que el Estado vendió los terrenos". Hay otros casos de construcciones sobre rellenos marinos, como ATLAPA, cuya construcción ejecutó ICA Panamá, y la avenida Balboa y obviamente las edificaciones privadas contiguas.
Fundamentando la legalidad de los rellenos marinos, el licenciado Escobar agrega que un decreto supremo de 1997 reafirmó que los bienes de dominio público pueden ser desafectados por el Organo Ejecutivo para entregarlos en concesión, por lo cual ICA conceptúa que el tema de la constitucionalidad de los rellenos está resuelto.
Interviniendo en la entrevista periodística, el licenciado Andrés Jaén, del staff de abogados de ICA, complementa los razonamientos expresando que, en opinión de la empresa, el contrato suscrito con el Estado panameño logró un equilibrio contractual de enorme beneficio para Panamá porque, entre otras cosas, refuerza la viabilidad financiera de Panamá para los inversionistas extranjeros".
Sin embargo, hay quienes piensan y lo escriben y dicen reiteradamente que ICA ha hecho un gran negocio con la venta de los terrenos del aeropuerto de Paitilla, contiguos a una urbanización de lujo, y las 35 hectáreas de relleno marino.
Responde a estas objeciones el licenciado Escobar que las cosas son al revés de lo que se pintan, debido a que el negocio va a beneficiar a Panamá. Argumenta que el contrato puntualiza que si los ingresos por concepto de la venta de terrenos de Punta Pacífica, nombre del desarrollo urbanístico, resultasen mayores a los indicados en el mismo, el plazo de concesión de 30 años se podría reducir. Pone este ejemplo: la inversión de ICA en el Corredor Sur tiene un costo de B/.222 millones. Si la venta de los terrenos recibidos arrojase 100 millones de dólares o más, esta suma se deduciría de los 222, vale decir quedarían 122 millones que se amortizarían por pago de peajes en menos tiempo, por lo cual la concesión estipulada en 30 años se reduciría y la obra pasaría a poder del Estado antes del tiempo calculado inicialmente.
En sentido contrario, especula Escobar, si los ingresos por los terrenos son menores el riesgo sería en 100 por ciento únicamente para ICA, puesto que el Estado panameño no reconocería la disminución, imputándose como ingresos recuperados los valores indicados en el contrato de concesión.
¿Cómo el Estado puede determinar con exactitud el ingreso por la venta del relleno marino para deducirlo del costo final del Corredor Sur?
Replica el licenciado Jaén que el contrato establece controles regulares y auditorías de las autoridades panameñas durante todo el tiempo que dure la concesión, es decir seis gobiernos en total van a supervisar los montos de la operación y detalles conexos. Anota, asimismo, que el proceso de licitación y sus addendas fueron analizadas a base de criterios técnicos, legales y económicos por una comisión integrada de conformidad a ley y con lo establecido en el numeral 26 de las condiciones especiales del pliego de bases.
La creación de una posible cloaca gigantesca frente a Coco del Mar y Boca La Caja en los pilares del tramo marino del Corredor Sur perturba no solamente a los vecinos, sino a ecologistas que ven la sedimentación de residuos fecales como un serio atentado contra el medio ambiente.
El ingeniero Trejos cruza las manos sobre el escritorio de su oficina en Marbella y se prepara a responder a esta preocupante crítica odorífera y ecológica.
Piensa el técnico mexicano que la campaña ambiental ha tenido beneficios para las partes. A raíz de las críticas, ICA Panamá contrató sendos estudios a la empresa norteamericana Dames & Moore y a la compañía holandesa Delf Hydraulic, a la que incluye la distribución de drenajes, mediante la cual los desechos orgánicos serán arrojados mar adentro, lejos de las costas de Coco del Mar y Boca La Caja. Asegura que la campaña permitió que se construyeran puentes más anchos en un 450 por ciento del área original para minimizar las sedimentaciones en la costa.
Reitera lo dicho en comunicados públicos en el sentido de que el tramo de pedraplén marino frente a Coco del Mar y Boca La Caja contempla las salidas de las tuberías de aguas negras bajo el Corredor Sur, garantizando la compañía en otras palabras que entre la autopista y la costa no se producirá ningún estancamiento de materias fétidas en el puente espectacular construido sobre pilotes de hormigón armado más una losa de comprensión a base de hormigón reforzado.
¿Cruzaremos el puente con un pañuelo en la nariz o nos sentiremos como si viajáramos por Cayo Hueso, mirando el mar sin agravios de fetidez?
El próximo gobierno y los siguientes tendrán que verificarlo.
Zarandeados por constantes críticas de la Fundación para la Libertad del Desarrollo Ciudadano y diversos vecinos de Coco del Mar, los representantes de la compañía mexicana ICA aceptan que desde el inicio de la construcción del Corredor Sur en 1997 se han enfrentado a grandes desafíos operativos y tecnológicos.
Dicen que las críticas condimentan su accionar internacional porque en asuntos de obras públicas, no todos quedan satisfechos o porque la empresa acaba siendo el blanco de los dardos lanzados contra el gobierno que la contrata. Pero sus ejecutivos están habituados a campear temporales en los 23 países donde ejecutan obras, dando trabajo a alrededor de 30 mil personas. En Panamá laboran actualmente 2 mil trabajadores y en el lapso de 30 años generarán 110 empleos directos en la operación de la autopista del Corredor Sur.
El presidente de ICA es el ingeniero mexicano Bernardo Quintana, con una maestría en administración de empresas por la Universidad de California. Luego de empezar en 1963 como jefe de obras, en 1968 fue nombrado subgerente administrativo y posteriormente en 1994 fue electo presidente de Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
La compañía mexicana de propiedad corporativa no es extraña a Panamá. Hace 25 años intervino en la construcción de ATLAPA y la pista del aeropuerto de Tocumen. Se le reprocha no pagar las tierras de acuerdo a la valorización comercial y tiene ahora perfil polémico por el valor de los terrenos de propiedad de la Caja de Seguro Social. El estado mayor de ICA replica que paga precios aceptables por la tierra por donde pasará el Corredor Sur y que difícilmente puede encontrarse en estos momentos a un grupo privado que arriesgue una inversión de B/.222 millones por su cuenta y riesgo bajo fiscalización gubernamental. Afirman que contra la campaña que califican de desinformación, acabará imponiéndose la realidad de la autopista.
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