AUNQUE LA Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el cobro de la diferencia en los gastos de representación, la Dirección General de Ingresos no devolverá el dinero a quienes cumplieron con este requisito.
Para el abogado Octavio Amat la medida adoptada por la Dirección General de Ingresos (DGI) está "lejos de la constitucionalidad y la legalidad", pues no tiene la facultad para interpretar las leyes.
Por ende, sugirió que los fondos recaudados sean devueltos a los contribuyentes, atendiendo al fallo tributario de la Corte Suprema de Justicia.
Días atrás la Corte dejó sin efecto la frase "Los contribuyentes que reciban gastos de representación estarán en la obligación de presentar declaración de renta para pagar la diferencia".
Esta diferencia representaría para el Gobierno una recaudación de $17 millones.
Aunque la decisión de no devolver el dinero no ha sido pública, Panamá América conoció que una resolución de la DGI en este sentido circulará en los próximos días.
Gisela Álvarez de Porras, directora de la DGI, sostuvo que la ilegalidad decretada por la Corte Suprema de Justicia no es retroactiva.
Quienes no pagaron cuando estuvo vigente la norma, tendrán, según la DGI, que presentar una "declaración rectificativa" para eliminar la morosidad en la que incurrieron.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, José Javier Rivera, dijo que la no devolución del impuesto pagado "es un disparate" que puede generar reacciones de los sectores económicos.
Rivera reveló que el sector espera conocer el texto utilizado por la DGI para analizar en qué se fundamentaron para adoptar esta medida.
Por su parte, Friolán Becerra, socio de Impuestos de la firma AES Consulting, manifestó que los contribuyentes que declararon y pagaron después de la suspensión de la frase por parte de la Corte Suprema deben rectificar su declaración de renta y solicitar la devolución del dinero, o que se les aplique como crédito en declaraciones futuras.
Se aclara que los gastos de representación seguirán gravados con un 10%, tal y como lo establece la ley.
No devolverán dinero cobrado ilegalmente
Sector privado exigirá plata o aplicación de un crédito fiscal.