Evaluaciones y solicitudes de investigación, pesan sobre la Superintendencia de Bancos, por la sonada liquidación de Banco Disa. Sin embargo, esta dependencia prefiere mantener silencio porque "no hay nada que aclarar".
Esta fue la respuesta que se le dio a El Panamá América, luego que se solicitara una entrevista con Delia Cárdenas, quien dirige esta institución, con el fin de que aclare si esta dependencia estatal, ha tenido o no-responsabilidad alguna en la intervención del banco.
"No hay nada que declarar. Nos enteramos de la supuesta investigación, del Ministerio Público, por los periódicos", indicó Cárdenas a través del departamento de prensa de la Superintendencia de Bancos.
Fuentes judiciales aseguran que el Ministerio Pública estudia la posibilidad de realizar una investigación para determinar si, de alguna manera, las transacciones que realizó el banco pudieron incidir en la quiebra de las empresas The Providence Corporation y Estrellamar.
El Ministerio Público no ha confirmado esta posibilidad, pero de realizarse, no sería la única investigación que recaería sobre la Superintendencia de Bancos. La firma de abogados, Cabeza Moreno Asociados, en nombre de Rafael y Jorge Endara solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que investigue a la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas y a los liquidadores de Disa, Eduardo Pazmiño y Olegario Barrelier.
La investigación fue solicita para que la superintendente de Bancos, responda la veracidad de todo lo contenido en las afirmaciones de los liquidadores de la entidad crediticia.
Entre otras cosas, se pretende definir si la Superintendencia conocía la situación financiera de Banco Disa. Además, se pide una explicación por parte de la Superintendencia de cuál fue el procedimiento que utilizaron para llevar a cabo la apresurada decisión del cierre del banco.
Igualmente, solicitan a la Superintendencia que explique por qué se designó como interventores y liquidadores del banco, a Olegario Barrelier y Eduardo Pazmiño.
Se necesita determinar si existió o existen irregularidad en el actuar de los liquidadores y las autoridades, y si de ellos desprende manifestación de conducta delictiva y en que grado.
