El nuevo valor del salario mínimo, estipulado el jueves por el gobierno en 151 reales (unos 87,7 dólares) a partir del próximo 3 de abril, no convenció ni a los aliados del gobierno ni a los opositores, y hasta hizo surgir dudas sobre su constitucionalidad.
En una tentativa por agradar a todos, el gobierno federal se comprometió a enviar al Congreso una Ley Complementaria, por la cual se establecerá un método para que los gobiernos provinciales puedan decidir el valor de su propio salario mínimo, que no podrá ser inferior a los 151 reales.
La remuneración mínima brasileña es actualmente de 136 reales (78 dólares).
La gobernadora del Estado de Maranhao, Roseana Sarney, dijo que su administración "tendrá la obligación" de adoptar un salario mínimo provincial equivalente a 100 dólares, como insistía en proponer su partido, el del Frente Liberal (PFL, derecha), aliado del presidente Fernando Henrique Cardoso.
"Sólo así el partido tendrá credibilidad", dijo la gobernadora.
En tanto, el gobernador de Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Partido Democrático Laborista, izquierda, opositor), calificó el nuevo salario mínimo como "una vergüenza", y adelantó que el "menor salario que será pagado en Rio de Janeiro será de 400 reales" (unos 232,5 dólares).
Para Garotinho si "el gobierno federal tuviese coraje para estipular un "techo" menor para los máximos salarios que se pagan a los empleados públicos, habría condiciones de elevar el salario mínimo a un nivel decente".
El gobernador del Estado de Minas Gerais, Itamar Franco (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, centro), se limitó a comentar que "no hará declaraciones sobre el nuevo valor del salario mínimo hasta que hagamos un análisis de su impacto en las cuentas del gobierno provincial".
El gobernador del sureño estado de Rio Grande do Sul (del Partido de los Trabajadores, PT, izquierda), Olivio Dutra, dijo a la prensa que el nuevo valor del salario mínimo hacía evidente la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía brasileña.
"Este espisodio demuestra que el FMI tiene influencia en el gobierno.El salario de 151 reales sigue las orientaciones del FMI de no elevar los gastos sociales ni buscar recursos a través de medidas como imponer tasas a los capitales internacionales", dijo Dutra.
Además, dijo, la futura Ley Complementaria que autorizaría a los gobernadores a fijar el valor de los menores salarios pagos a las administraciones públicas cuestiona toda la constitucionalidad de la medida.
"Es evidente el conflicto con la constitución federal, que define el salario mínimo unificado para todo el país. Con esto, el gobierno huye de sus responsabilidades constitucionales", apuntó Dutra.
Este viernes, un integrante no identificado del Tribunal Superior del Trabajo (TST), afirmó a la agencia de noticias Estado de Sao Paulo que la constitucionalidad de esa delegación del poder a los gobernadores para fijar salarios mínimos provinciales es "cuestionable".
"La Constitución establece el monopolio de la Unión Federal para legislar sobre el derecho del trabajo.Esa delegación a los gobernadores no resistiría el examen a que será sometida en el Supremo Tribunal Federal (STF)", dijo el juez a la agencia Estado.
En caso de que el Tribunal rechace esa ley complementaria, el gobierno igualmente saldría ganando, porque permanecerá como salario mínimo unificado, para todo el país, el valor de 151 reales, explicó la fuente.
Sin embargo, el abogado general de la Unión, Gilmar Mendes, afirmó que el proyecto "encuentra abrigo" en la Constitución, y agregó que "se trata de una experiencia pionera, que refuerza el modelo federal brasileño".
