Los trabajadores del desaparecido IRHE, agrupados en la Comisión SITIRHE-COOTIRHE, anunciaron ayer en conferencia de prensa que iniciarán acciones de fuerza que incluirían el cierre de calles, si en las próximas semanas el Gobierno no les da una respuesta sobre cuál será el destino del 12% de las acciones de las nuevas empresas eléctricas a las que tienen derecho por ley.
La semana pasada. la Comisión SITIRHE-COOTIRHE pidió por medio de una carta la intervención del presidente Pérez Balladares para que dialogara con el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, y que éste atendiera una delegación de trabajadores y se intentara encontrar una solución al problema de las acciones.
Al parecer, ante esta petición, el lunes el Sindicato de Trabajadores (SITIRHE) recibió una invitación de Aramburú Porras, para concretar una reunión donde se trataría el tema de las acciones.
Sin embargo, de acuerdo al secretario general del SITIRHE, José Arosemena, para su sorpresa, se les solicitó que sólo se presentaran tres personas a negociar y que entre éstas se excluyera expresamente al presidente de la comisión SITIRHE-COOTIRHE, Jorge Alegría, quien le había enviado la carta a Pérez Balladares.
Arosemena enfatizó que es inaceptable la segregación del dirigente y rechazan de plano participar en una reunión que esté condicionada de antemano, sobre todo porque Alegría es el presidente de la comisión negociadora.
Denunció igualmente que este es un intento más para que los trabajadores no puedan participar en el capital social de las nuevas empresas eléctricas, como supuestamente era la voluntad del Gobierno.
Por su parte, Jorge Alegría señaló que su exclusión se debe más que nada a que él ha participado desde un inicio en la lucha para que los trabajadores adquieran sus acciones, por lo que conoce perfectamente todas las "distracciones" que pretenda aplicar Aramburú Porras.
Según Alegría, la Comisión SITIRHE-COOTIRHE, integrada por el sindicato y la cooperativa de trabajadores del IRHE, que se encargan de coordinar la adquisición de las acciones, actualmente se encuentra en estado de alerta y próximamente iniciarán una gira en el ámbito nacional para comunicarle directamente a los obreros cuál es la situación con sus títulos.
Expresó que los trabajadores tienen el temor de que se esté dilatando el proceso de compra, en busca de que llegue la fecha límite para que los empleados puedan comprar sus acciones, la cual vence el 31 de septiembre.
Explicó que si esto sucede el Gobierno se quedará con sus acciones, que tienen un valor cercano a los B/.60 millones y las ofrecerá al mejor postor en la Bolsa de Valores, sobre todo en estos momentos que los títulos han alcanzado un precio cercano a los B/.15.00 por unidad.
Añadió que sus dudas están fundamentadas en que
el artículo 164 de la Ley 6, que reestructuró el IRHE, creó una Comisión de Venta de Acciones (COMVA), que estaría integrada por el ministro de Hacienda y Tesoro, el ministro de Planificación y un funcionario nombrado por el Ejecutivo, que tendría que presidir la comisión a tiempo completo.
Para Alegría, lo extraño de esta situación es que la persona que designó el Ejecutivo para presidir el COMVA fue Fernando Aramburú Porras, quien precisamente es el actual ministro de Economía y Finanzas, que integran los desaparecidos ministerios de Hacienda y Planificación.
Esto significa, que el único que representa a la COMVA, cumpliendo tres funciones, es el "superministro" Fernando Aramburú Porras, quien, además, como si fuera poco, participó directamente en la privatización del IRHE, cuando fungía como director de esta entidad.
Agregó que la clase trabajadora no puede permitir que Aramburú Porras, quien fue director del IRHE y ha sido premiado con un "superministerio" y que es el presidente de la COMVA, ahora también pretenda tener injerencia en los asuntos le competen exclusivamente a los trabajadores.
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