La Organización Mundial del Comercio, que se inició como una de las iniciativas globales más importantes de la historia del mundo, la cual buscaba regular la actividad económica, para que todos los países del globo compitieran en iguales condiciones y evitar que las grandes potencias económicas impusieran sus criterios mercantiles sobre las naciones más débiles, hoy, después de 5 años, recibe los cuestionamientos más fuertes desde su creación.
Los más disgustados con la OMC son los obreros, quienes señalan que esta agrupación sólo ha servido para que los empresarios y grandes consorcios se hagan más ricos, mientras las clases humildes siguen sumergidas en la pobreza y devengando salarios de hambre.
Previendo la cumbre de ministros de la OMC, que se efectuará desde hoy en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), realizará una serie de protestas a nivel hemisférico, a las que se unirán los obreros panameños, que efectuarán una marcha hacia la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Comercio e Industrias, para rechazar las políticas comerciales estipuladas en la agrupación comercial.
La protesta de hoy estará a cargo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que cuenta con más de 100 mil obreros afiliados, aglutinados en las centrales obreras, Convergencia Sindical, Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) y la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP).
A nivel regional, las manifestaciones serán dirigidas entre otras agrupaciones por la Internacional de Comunicaciones (IC), que reúne a más de 5 millones de trabajadores en todo el globo y cuya sede para las todas Américas se encuentra en Panamá.
Para organizar sus actividades y previendo la cumbre de la OMC en Seattle, los trabajadores se reunieron en el mes de octubre en la ciudad de Toronto, Canadá, para preparar un documento que contiene todas sus aspiraciones, el cual se presentará a los ministros de comercio y se distribuirá a niel mundial entre los trabajadores.
El documento, que contiene la voluntad de más de 45 millones de obreros y en cuya discusión participaron los panameños, Rodolfo Benítez, representante interamericano de la IC y Augusto Castillo, secretario general de Convergencia Sindical, señala que desde 1995, la ORIT, sus organizaciones afiliadas y fraternales han insistido en la necesidad de dar una dimensión social, ambiental y laboral a todos los procesos de negociación comercial e integración hemisférica.
Agrega que en todas las Cumbres Hemisféricas y Reuniones de Ministros de Comercio, se ha indicado con insistencia la necesidad de reconocer al Foro Sindical en igualdad con el Foro Empresarial. De igual forma los trabajadores(as) del hemisferio creen ilegítimo un proceso de integración que no contemple derechos fundamentales como: libertad sindical y derecho de negociación colectiva, no discriminación en los puestos de trabajo, prohibición del trabajo forzoso y combate al trabajo infantil.
Igualmente precisa que han solicitado con insistencia la creación de un Grupo de Trabajo sobre temas laborales para evaluar, dar seguimiento y respuesta al impacto y consecuencias del ALCA sobre los trabajadores en el hemisferio.
El documento destaca que la ORIT y las organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza Social Continental tienen como prioridad, en la construcción de los proceso de integración, la creación de más y mejores empleos, la democracia participativa, la igualdad, el desarrollo social y ecológicamente sustentable, la justicia social y la diversidad cultural y étnica.
Los obreros recalcan que saludan la decisión de los ministros de crear el Comité de Representantes Gubernamentales para la Participación de la Sociedad Civil en la creencia que el mismo constituía un paso hacia la democratización y transparencia de las negociaciones del ALCA.
Lamentablemente este comité no ha sido más que un "buzón de sugerencias" sin ningún tipo de vínculos entre la sociedad civil y las negociaciones; y la mayoría de los gobiernos se niega a proporcionar información suficiente y oportuna que permita una participación real de la sociedad civil en las negociaciones del ALCA , comentaron fuentes obreras.
Puntualiza que pese a que en la Declaración de los Jefes de Estado y Gobierno de la Cumbre de Santiago de Chile, se adoptaron una serie de compromisos de orden social y laboral referentes a la integración, en las negociaciones del ALCA se insiste solamente en el aspecto comercial.
En este escenario, reafirman sus demandas a los gobiernos del ALCA en materia de dimensión social de la misma, proponiendo nuevas estructuras participativas e insistiendo en la crítica a las limitaciones para la participación de la sociedad civil. Igual enfoque hemos aplicado a la potencial relación con la UE: la Cumbre Sindical de Río de Janeiro, en mayo pasado, efectuó requerimientos en materia de participación de la sociedad civil y de vinculación del comercio y la inversión con la vigencia de los derechos humanos y sindicales en la cooperación ALC-UE.
"Hoy subrayamos la necesidad de un reenfoque de la perspectiva de los gobiernos de nuestros países hacia la globalización. Estamos convencidos de que existen márgenes para las políticas nacionales, en relación al ALCA y a la OMC. Puede afirmarse que el peso de la geografía no ha desaparecido y el sistema internacional actual todavía se basa en el Estado -- Nación. Las especifidades nacionales son rasgos paralelos al proceso de globalización", destaca la misiva de la ORIT.
Destaca además que los Estados han cedido soberanía a favor de regulaciones colectivas de varios aspectos vinculados a los procesos regionales de integración. La globalización en su heterogeneidad plantea el desafío de aprovecharla y orientarla. Existen márgenes para la elección y la experimentación nacional, en la búsqueda de iniciativas que contribuyan a diferenciar entre una estrategia de adaptación pasiva y otra de administración creativa frente a los desafíos planteados por la globalización.
La visión del Estado - Nación debilitado es recomendada y apoyada por quienes tienen un interés en ello, como por ejemplo las grandes corporaciones miltinacionales. Si bien la globalización condiciona la forma de hacer las cosas en lo económico y social, no existe una receta única aplicable a todo tiempo y lugar.
A pesar de las tendencias y la homogeneización de las formas de organización de la producción, las economías nacionales continúan mostrando fuertes rasgos propios en la forma en que se organizan los mercados, las relaciones entre éstos y el Estado, y los vínculos que se establecen entre el Estado y la sociedad civil.
Los obreros sostienen que se deben asegurar el acceso recíproco a los mercados, fortalecer las economías nacionales, los mercados internos y el empleo. Si se tiene esta claridad de pensamiento y acción en las negociaciones del ALCA, junto a la necesaria dimensión social, el proceso estará en sintonía con las aspiraciones de las mayorías.
Al mismo tiempo, la ORIT desea transmitir su opinión sobre un componente de la globalización de enorme actualidad, especialmente después de la crisis asiática y del proyecto de un Acuerdo Multilateral de Inversiones en la OCDE. "Nos referimos a los flujos internacionales de capital" expresa el documento.
Recalca que el espectacular desempeño de la inversión extranjera directa no ha tenido un impacto directo sobre el crecimiento económico de la región: con ingresos de capitales trece veces superiores a los registros en la década de los años setenta, durante los años noventa se evidencia una tasa de crecimiento promedio 50% menor. Las razones de ello podrían ser que la mayor parte de estos ingresos fue el resultado de transferencia de activos existentes, no significando la creación de nuevas unidades productivas.
Además, las autoridades regionales, presionadas por los fuertes desequilibrios externos, utilizaron ingresos de inversión extranjera directa obtenidos a través de las privatizaciones para financiar parte de la brecha de la balanza de pagos. La contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo industrial ha sido modesta, en términos de integración nacional.
Esta brecha entre resultados y expectativas llevan a formular nuevas preguntas sobre la inversión extranjera directa. Los gobiernos deben definir claramente las prioridades de su política nacional y el papel que esperan que cumpla la inversión extranjera directa, en cambio a la convergencia entre los objetivos de la política nacional y los intereses de los inversionistas extranjeros.
Los gobiernos de los países de la región tienen dos alternativas: admitir pasivamente la transmisión de impactos negativos de la evolución del mercado financiero internacional, o tratar de moderarlos o graduarlos en el tiempo, afectando la composición de los flujos de capitales (entre capitales de corto plazo e inversión extranjera directa). ¿Es una política correcta aquélla que promueve el crecimiento a largo plazo o la que mantiene el entusiasmo de los inversionistas financieros nacionales y extranjeros?. ¿La misma política puede hacer ambas cosas a la vez?. Los países deben mantener su autonomía en esta materia, avanzar en la consolidación de su solidez macroeconómica, mejorar la regulación y supervisión financieras internas y diseñar instrumentos orientados a reducir su vulnerabilidad frente a los ciclos financieros internacionales.
La petición enfatiza que el sindicalismo también viene de una exitosa campaña con otras organizaciones de la sociedad civil en materia del AMI. En este marco, presta creciente atención a los contenidos de los acuerdos bileterales de inversión firmados por los países de la región entre sí y con otros desarrollados en los últimos años. En particular, les preocupa que se extienda como modelo los acuerdos alcanzados en el TLCAN en esta materia, tal como lo solicita el Foro Empresarial del ALCA.
En el documento "Alternativa para las Américas" de la Alianza Social Continental se ha señalado que la inversión extranjera es bienvenida si adhiere a normas que garanticen los derechos económicos y sociales de los/as ciudadanos/as y la sustentabilidad. Por lo tanto, señala que las políticas respecto a estos temas deben someterse a una revisión cuidadosa, exhaustiva y transparente por parte de nuestros gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. En este marco:
-Los gobiernos deberían cuestionar el principio del trato nacional para los inversionistas extranjeros. Ningún tratado internacional sobre inversiones debe impedir a los gobiernos exigir requisitos de desempeño que sirvan al desarrollo económico, la protección del medio ambiente, u otros objetivos legítimos. Los gobiernos deberían gozar de la capacidad de exigir que los inversionistas cumplan con metas respecto del contenido nacional, regional o local o la compra local de insumos; de la contratación de mano de obra local, de la transferencia de tecnología apropiada; y de los incentivos para la reinversión de las utilidades.
CAPITALES ESPECULATIVOS
Con respecto a los capitales especulativos, los trabajadores señalan que los gobiernos deben tener el poder necesario para eliminar inversiones que no contribuyen al desarrollo, sobre todo la especulativa y la inversión de cartera de muy corta duración, a la vez que fomentar las inversiones productivas capaces de aumentar los vínculos entre la economía local y la nacional.
Además deben considerar la propuesta del economista James Tobin de implementar un impuesto sobre transacciones financieras internacionales. Esta medida haría más lenta la especulación monetaria y permitiría un mayor control de parte de los gobiernos nacionales sobre su política monetaria. Un impuesto "Tobin" también generaría ingresos importantes para el desarrollo económico y social de países menos desarrollados.
Igualmente deben atender la solicitud del Papa Juan Pablo II que, preparándose para el Gran Jubileo del año 2000, ha propuesto la regulación de los flujos financieros internacionales y la condonación de la deuda de los países pobres.
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