Luego de la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), hoy Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en ese entonces, a cargo de Hugo Torrijos, decide en 1997 abandonar las labores de descontaminación. Pero en lugar de convocar a una licitación como en el caso de los puertos, lo que hizo fue otorgar sin licitación un contrato exclusivo a una empresa recién establecida.
Pero eso no fue lo único que otorgó. También traspasó todo el viejo equipo que tenía, así como el derecho de cobrar la tarifa vigente. Tampoco estableció un pago mensual por dicha concesión, como se hace usualmente en este tipo de concesiones. En cambio, creó una nueva tasa para que las naves que recalan en puertos panameños pagaran dos centavos por tonelada de registro bruto.
Dos años después, una carta de la Cámara Marítima con fecha de agosto de 1999, resalta su inconformidad por el cobro de esta tarifa, alegando que "actualmente no existe la infraestructura que justifique la aplicación de esta tasa".
Aunque el contrato establecía que Ocean Pollution Control (OPC) debía invertir dos millones de dólares para comprar los equipos de descontaminación, esto se convirtió en letra muerta.
Al momento de recibir la concesión, OPC no tenía equipo necesario y sólo podía usar los restos de una maquinaria calificada como "chatarra", con un valor en libros de menos de 5 mil dólares, según fue confirmado por la propia empresa.
La Cámara destacó que en Singapur, con el que los puertos panameños aspiran a competir , no se cobra una tasa que, agravando la situación," fue implementada sin ningún tipo de preaviso y por tanto no fue presupuestada por las navieras para el año 1999." Según el cálculo de la Cámara Marítima, el cargo adicional a sus costos en Panamá "pueda costarle a algunas de las navieras que utilizan el Canal de Panamá y los puertos nacionales más de B/. 200.000 anuales".
Sin embargo, el representante legal de la empresa Ocean Pollution, Jovan Vukelja Mattews, se rehusa a aclarar la suma de dinero, que ha cobrado desde 1997 hasta la fecha, así como los nombres del resto de los accionistas de OPC.
UNA EMPRESA "NUEVA"
En enero de 1997, OPC presentó una propuesta para obtener la concesión de las labores de prevención y control de contaminación en los puertos y aguas nacionales, pero inicia operaciones tres meses después, en marzo de ese año, según consta en la documentación entregada por la empresa a
