La Cámara de Diputados argentina aprobó en general este lunes el proyecto de ley de Competitividad, que delega por un año facultades legislativas al Poder Ejecutivo, pero con limitaciones como la de no poder cambiar la ley de convertibilidad del peso y su respaldo en dólares.
La iniciativa -llamada Ley de Competitividad- es impulsada por el Gobierno del presidente Fernando de la Rúa según un plan ideado por su flamante ministro de Economía, Domingo Cavallo, para superar una situación de emergencia caracterizada por una recesión de 33 meses y el ahogo financiero que puso al país al borde de la cesación de pagos.
El proyecto se impuso por 153 votos a favor y 81 en contra (con 234 presentes sobre un total de 257 diputados), en una votación nominal en la que muchos legisladores de extracción peronista (oposición) apoyaron a la oficialista Alianza y a los partidos provinciales y Acción por la República (derecha), que responde a Cavallo.
Después de sesionar sin interrupción el fin de semana, la Cámara Baja seguía tratando al mediodía de este lunes artículo por artículo la nueva Ley, que debería ser debatida hoy mismo por el Senado para obtener su sanción definitiva.
En ese muy amplio proyecto de ley -que se propone reformar el Estado y desregular y modificar esquemas impositivos- se incluyó a último momento una cláusula por la que la Convertibilidad (un peso igual a un dólar), instaurada por el propio Cavallo en 1991 en tanto que ministro del peronista Carlos Menem (1989-99), no puede ser modificada.
La Ley de Competituvidad establece en particular la fusión o centralización de organismos públicos y reforma de ministerios, y da facultades al Poder Ejecutivo para intervenir y modificar los mercados de capitales y de seguros.
Autoriza igualmente a garantizar los títulos de la deuda externa (150.000 millones de dólares, el 51% del PBI) con recursos y activos públicos, al tiempo que habilita a crear o eliminar exenciones impostivas. También se faculta al Poder Ejecutivo a gravar con el impuesto a las ganancias, acciones, títulos, bonos y demás títulos de valores.
En cambio, no se podrán rebajar salarios ni jubilaciones, ni despedir empleados públicos y tampoco privatizar el Banco Nación (principal entidad oficial de crédito).
Dentro de la Alianza gobernante, la socialdemócrata Unión Cívica radidal (UCR, el partido de De la Rúa) logró esforzadamente el voto positivo de su bancada, mientras que sus aliados del Frente País Solidario (FREPASO, socialistas y ex peronistas) manifestaron su gran división con el voto en contra de 15 diputados, sobre un total de 32 en la bancada.
Del lado peronista, 24 diputados sobre 99 integrantes del bloque opositor votaron a favor de la cesión de los poderes y en contra del criterio general, que era opuesto al proyecto de ley.
La disidente Elisa Carrió (UCR) fundamentó su oposición, con ironías, al decir que "Cavallo es un chico malo a quien todo el mundo le tiene miedo, un chico hiperquinético que habría que llevarlo al psicólogo (...) tratar de calmarlo porque puede poner en peligro la convivencia de todos (...) a ese chico malo quieren darle la conducción del Titanic".
Anticipó, además, a los colegas que ayuden a sancionar la iniciativa de superpoderes que planteará una denuncia penal por "traición a la Patria", previsto en el artículo 29 de la Constitución.
La diputada frepasista Alicia Castro (titular del gremio de Aeronavegantes) anunció por su lado que abandonaría el bloque de la Alianza para conformar un interbloque con Carrió, los socialistas y la democracia cristiana.
Explicó que "la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación no existe, se alejó del compromiso electoral, no cumplió la plataforma, burló la voluntad popular con la reforma laboral, con compra de votos a senadores y rebaja salarial, y ahora entregó el gobierno a Cavallo, que la gente ya había juzgado con el 10% de los votos" en las presidenciales del 24 de octubre de 1999.
De visita relámpago en Madrid, Cavallo abogó este lunes por "recrear la confianza de los inversores directos, de quienes quieren asociarse a esta nueva etapa de la recuperación de la competitividad y del vigoroso crecimiento de la economía argentina".
Aseguró que pese a la crisis actual, Argentina "no pedirá una ampliación de la ayuda financiera internacional, porque no la necesita. Pronto nos van a sobran los recursos", subrayó.
