A pesar que Panamá cuenta con más de 40 normas en contra del lavado de dinero, el gobierno panameño adecuará el sistema bancario de acuerdo a las exigencias universales impuestas por la GAFIC, para salir de las listas negras, afirmó ayer la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Indicó para esto el ministerio de Relaciones Exteriores instaló una secretaría para fortalecer las relaciones internacionales en los temas que exigen los países desarrollados.
Una de las adecuaciones que está exigiendo la GAFIC a Panamá es la configuración del delito de lavado de dinero cuando se relaciones con otros delitos, además del narcotráfico, como el tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, secuestros lucrativos, robo y contrabando de vehículos y actos de terrorismo.
Cárdenas manifestó que con las modificaciones, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), podrá intercambiar información con entidades homólogas de otros países cuando se trate de una investigación o proceso y, la información relacionada con operaciones sospechosas que presten mérito, será entreganda por la UAF directamente al Ministerio Público.
También, los bancos conocerán los beneficiarios directos e indirectos de las sociedades o fideicomisos al abrir una cuenta y en todo momento deberán mantener la información actualizada.
Estas modificaciones deberán ser presentadas en corto tiempo a la asamblea legislativa para su aprobación y otras por decreto ejecutivo, ya que los miembros de la GAFIC se reunirán el 4 de octubre en Madrid.
"Podríamos salir de las lista negra si somos exitosamente reevaluados ,porque esta lista negra causa la advertencia del Tesoro de los Estados Unidos", expresó Cárdenas.
Indicó que Panamá también se encuentra en la prelista de los llamados Paraísos Fiscales que elabora la OECD, otro organismo del G-7, la cual saldrá en julio del año 2001.
La tercera lista negra en la que se encuentra Panamá, la emitió The Financial Stability Forum, quien califica al país de tener una supervisión bancaria débil, ineficiente no cooperador y no actualizada.
Según Cárdena, esta calificación fue basada en una encuesta realizada en 1999, cuando apenas se iniciaba el proceso de reglamentación de ley bancaria.
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