Panamá registra una inflación de 6.4%, hasta el mes de febrero del presente año, considerada como moderada dentro del nivel de medición, pero que los expertos la catalogan como importada.
La inflación es el aumento en el nivel general de precios (promedio). Cuando es negativa, se habla de deflación.
Existen varios niveles de inflación. La inflación baja ocurre cuando la tasa de crecimiento anual en los precios promedio está por debajo del 5%; mientras que la moderada presenta una tasa de crecimiento de 5% anual y la alta es cuando la tasa de crecimiento es de un 10%, en tanto que la hiperinflación es cuando la tasa de encarecimiento de los productos es de 50% al mes.
El director nacional de Libre Competencia, de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Óscar García Cardoze, señaló durante el encuentro mensual de ejecutivos organizado por la Cámara de Comercio, que un país puede sufrir de inflación por diferentes razones y en el caso de Panamá se explica por la inflación importada, producto del alto costo de los combustibles.
También hay inflación de demanda, debido a que existe mayor cantidad de personas que tienen empleo, mejores condiciones salariales y por ende, mayor capacidad adquisitiva.
“Es muy difícil que un país con el crecimiento que refleja Panamá no genere presión sobre los costos, ya que los productos comienzan a escasear y hay que buscar en el mercado internacional, entonces se combinan la inflación de demanda con la importada”, explicó García.
Para evitar esta situación, el Gobierno tendría que subsidiar, alternativa que tiene un límite, además representa una carga fiscal importante, y la otra alternativa sería, por ejemplo, “iniciar la producción de ciertos rubros para no traerlos del exterior, pero no suena realista”, indicó.
“Hay que reconocer que Panamá es un país que no influye en los precios internacionales, además de ser un país pequeño, su producción agropecuaria e industrial es limitada, entonces, necesitamos del resto del mundo”, señaló García.
La seguridad alimentaria debe generar las condiciones necesarias para que los hogares tengan acceso a los alimentos más saludables y a bajo costo.
Esta alternativa demanda mecanismos de incentivos a los productores nacionales, para que puedan reducir los costos.
En Panamá se ha desarrollado un plan de apoyo a los productores como distribución de insumos a bajo costo, semillas, créditos blandos; sin embargo, hay que reconocer, según García, que hay costos en la producción que no son fáciles de contener y dependen de precios internacionales, como los fertilizantes. “Esto implica medidas de política pública, que es competencia del Gobierno Nacional”, advirtió.
Explicó que el hecho de importar arroz indica que la producción nacional no satisface las necesidades del mercado, y traer alimentos de otro país implica, en la mayoría de los casos, presión sobre los costos locales.
Aproximadamente se realizan dos importaciones de arroz al año, por compromisos con la Organización Mundial de Comercio (OMC ) y la otra importación se realiza por medio del contingente extraordinario cuando hay desabastecimiento, según el Departamento de Información de Precios y Verificación de Acodeco.
También hay que tener en cuenta que el maíz, aunque no es un producto de la canasta básica, se importa para el consumo animal (cerdo y pollo) y estos productos sí forman parte de la cesta.
Según datos de la Contraloría, el incremento de los precios recibido por los productores agropecuarios fue de un 20% en el periodo comprendido entre 2008 al 2011.
Explicó que el principal factor de inflación importada es el combustible. Este hecho es avalado por estudios que demuestran que de febrero del 2011 a febrero del 2012, el incremento en los precios mundiales fue de 18%, lo que indica que es una situación generalizada, un fenómeno mundial que no solo afecta a Panamá.
A pesar de que hasta marzo Panamá registraba los precios más bajos en el costo de combustible, al compararlo con los países de Centroamérica, una diferencia de 40 centavos o más, este hecho se debe a una menor tasa en los impuestos.
Los panameños pagan $0.60 por galón de impuesto a la gasolina, mientras que en Centroamérica, fluctúa entre $0.86 (Nicaragua) y $1.56 (Costa Rica).
“Cuando el precio de los productos que se importan sube es imposible que no se refleje en el consumido, y mientras haya fenómenos como el del combustible y pérdida de valor del dólar, nos van a afectar”, señaló.
Sin embargo, cuestionó los subsidios que se aplican por ejemplo al gas (un producto que está regulado), porque representan pérdidas de recursos importantes al Gobierno, lo que se traduce en alrededor de 60 millones de dólares anuales.
En un mercado, cuando los productos empiezan a escasear, hay dos posibilidades de lidiar con el tema: primero, los racionas como gobierno y empiezas a repartir cupos o libretas con derecho de consumo.
La segunda opción funciona en economías de mercado, como la de Panamá y la mayoría de los países del mundo, en los cuales ese racionamiento funciona por la vía de los precios, ya que cuando los productos empiezan a agotarse, suben de precio, pero cuando abundan, entonces los precios se desploman.
Existen opciones de política pública como la regulación de precios; sin embargo, esta alternativa no atiende la raíz de los problemas, considera la Acodeco, debido a que puede generar señales confusas en el mercado.
También existe la congelación de precios, que es similar a la regulación, pero puede provocar escasez por desabastecimiento o surgen mercados negros o contrabando.
Además, hay la opción de una reducción generalizada de aranceles, que baja los costos de producción e intermediación, pero no existen garantías de que el sacrificio fiscal sea transferido totalmente a los consumidores.
La reducción selectiva de aranceles evita el desincentivo de los productores a invertir a mediano plazo en su actividad, así como también rompería el ciclo, ya que las importaciones serían controladas por los propios productores. Pero tiene un elemento en contra y es que los impactos en los precios serían menos claros que en la reducción generalizada.
Existen otras alternativas como la intervención del Estado en la comercialización directa de los productos, la construcción de mercados de abastos adicionales, restricciones a las exportaciones y creación de un fondo de estabilización de los combustibles.
Desde el punto de vista de la política pública, incentivar una mayor oferta debería ser prioridad en la producción nacional, buscar mecanismos que promuevan esa mayor oferta, apertura de mercados como los tratados de libre comercio, que incrementen la presión competitiva de las importaciones.
Por parte de la Acodeco, continuar con la vigilancia en el mercado para combatir prácticas monopolísticas y seguir difundiendo información de precios.
Los consumidores deben comparar antes de comprar productos y realizar un consumo inteligente.
“Lo ha dicho la FAO, que Panamá tiene una distorsión entre lo que se le paga al agricultor y lo que compra el consumidor y el intermediario, que son las cadenas de supermercados y las abarroterías, que son las que se quedan con gran cantidad de las ganancias o el mayor margen que puedan obtener, ponderando así la seguridad alimentaria a los consumidores”, indicó la presidenta de la Asociación de Consumo Ético, Yakarta Ríos.
Aseguró que en otros países se están tomando las medidas necesarias para frenar este abuso.
