Nueve meses después de la privatización parcial de la empresa telefónica estatal, muchos panameños sienten que ello no ha contribuido a mejorar la calidad y abaratar el servicio.
El gobierno, en cambio, sigue defendiendo dicha privatización y se muestra decidido a pasar a manos particulares los servicios de otras empresas públicas vitales, como la de agua potable y energía eléctrica.
El proceso de privatización es uno de los pilares de la política económica de mercado del gobierno de Ernesto Pérez Balladares y ha sido criticado por dirigentes políticos y sindicales. Pero ha tenido el apoyo de empresarios y la comunidad financiera internacional.
En el marco de ese programa, el gobierno le vendió a mediados del año pasado el 49 por ciento del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones a la compañía británica Cable & Wireless.
El gobierno y la nueva empresa dijeron que los resultados de la transacción económica se reflejarían en mejoras al servicio y disminución de las tarifas telefónicas.
Luego de una intensa campaña publicitaria, la empresa puso en vigor una nueva tarifa.
El nuevo esquema tarifario empezó a regir a partir de este año e incluye tres opciones para los panameños.
Para muchos usuarios, los cambios han significado un aumento en la tarifa que hasta el año pasado consistía en una carga fija de 10 dólares mensuales.
"Para mí ha sido un aumento de 10 dólares... no estoy conforme y creo que cortaré el teléfono", dijo Noemy Pitty cuando hacía fila para pagar su recibo mensual.
Las protestas no se han hecho esperar y en varias ocasiones los usuarios se han concentrado en los predios de la compañía para protestar por lo que consideran un alza de tarifa.
"No hay duda que en la mayoría de los casos las tarifas han aumentado", sostuvo Secundino Rujano presidente de la Unión Nacional de Consumidores.
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