Piden liberar crudo secuestrado

UNOS 5 millones 400 mil barriles de petróleo, con un valor aproximado de 340 millones de dólares, están secuestrados a la empresa Petroterminal de Panamá S.A (PTP).
El secuestro es parte de una acción judicial motivada por un derrame de petróleo ocurrido el pasado 4 de febrero, en el área de la provincia de Bocas del Toro, donde la empresa mantiene una de sus dos terminales (ver cuadro: ubicación).
Allí se contaminaron 700 hectáreas de mar y 2 hectáreas de terreno.
PTP está demandada por $500 millones más 37 millones 556 mil dólares en concepto de costas, presentada por el abogado Silvio Guerra.
Guerra representa a varias personas de las comunidades circundantes a las instalaciones de la empresa en el Terminal Atlántico.
Sin embargo, para PTP esas personas están alejadas de su terminal, y se sienten afectadas porque no pueden pescar más en el área donde viven, cuando en realidad sus comunidades están a más de 25 kilómetros del área objeto del derrame.
Ayer, el sector privado se pronunció en contra de la medida de secuestro, aduciendo que la misma atenta contra la seguridad jurídica.
Esta acción, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Domingo Latorraca, puede producir una desaceleración de la economía y un efecto negativo en la ejecución de los nuevos negocios e inversiones que se desarrollan en el país.
Por su parte, Enzo Polo, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Chiriquí, calificó la demanda como "injusta", alegando que las empresas originalmente incluidas en la demanda, ECOPETROL y CASTOR AMERICAS INC., "no mantienen productos de petróleo en PTP, lo que los obliga a asumir responsabilidades que no les corresponden".
Al respecto, se le consultó a la empresa sobre el dueño real del crudo, pero se informó que "no se puede revelar oficialmente los nombres de las empresas hasta que no se terminen las investigaciones del Tribunal Marítimo".
El jurista Guerra dijo ayer que le parece "chistoso" que Petroterminal le pida al tribunal que se abstenga de continuar con el secuestro, "cuando los moradores de las 16 islas de la provincia de Bocas del Toro, están enfermos y muriendo a consecuencia de la contaminación provocada por el derrame de petróleo".
Agregó que "debe darles vergüenza la manera fraudulenta con la cual han querido llevar las cosas" tratando de engañar a las autoridades de que PTP no mantiene en sus instalaciones petróleo de la empresa CASTOR AMERICAS (Ginebra) pero si de CARTO PETROLIUM (New York), " que es la misma compañía".
Guerra señalo que el Estado debe intervenir para establecer una demanda más alta por el perjuicio causado a los campesinos y al ecosistema, "además de querer engañar a las autoridades".
El 30% de los campesinos del área, señaló, han abandonado la pesca que utilizan para el sustento diario, ya que las aguas continúan contaminadas. Cientos de especies marinas y terrestres murieron días después del derrame, cobrando vidas que no se podrán recuperar, afirmó.