Reino Unido, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Namibia acordaron destinar 2.5 millones de dólares (algo más de dos millones de euros) para incrementar los medios de vigilancia y control de la pesca ilegal, sobre todo en las aguas territoriales de los países con menos recursos.
"Si la comunidad internacional no toma medidas inmediatas contra la pesca ilegal, ésta seguirá teniendo un importante impacto en las poblaciones de peces, el entorno marino y las economías de todo el mundo", explicó el ministro británico de Pesca, Ben Bradshaw, que preside el grupo de trabajo y que invitó a más países a sumarse a las iniciativas.
El documento adoptado por los seis países, que contó también con el apoyo de un representante de la Comisión Europea, contiene nueve medidas que preconizan un refuerzo de la cooperación internacional para que "la pesca ilegal sea menos productiva", señaló Bradshaw.
El subsecretario de Pesca de Chile, Fernando Sandoval, aseguró que entre las medidas más urgentes figura la de crear un organismo regional de control de la pesca ilegal en el Pacífico sur, la única región del planeta que no tiene.
"En esa zona hay mucha pesca ilegal. En las aguas territoriales chilenas menos, porque tenemos más medios para controlarla, pero también existe", dijo.
El Grupo de Trabajo se mostró partidario de endurecer las penas contra los pescadores ilegales y algunos de los presentes apostaron incluso por condenas de prisión.
"Antes de imponer medidas penales hay otras posibilidades, como la de confiscar el material a los que sean detenidos y otras medidas que sirvan para que la pesca ilegal no sea tan rentable", explicó el ministro neozelandés, Jim Anderton.
Como paso previo al endurecimiento de las medidas, Bradshaw aseguró que se "es preciso incrementar los medios de control y detección, porque no se puede meter en prisión a alguien si no se le detiene".
Paralelamente a la reunión del Grupo de Trabajo, la organización ecologista Greenpeace publicó un informe según el cual la pesca ilegal genera un daño "irreversible" en los fondos marinos.
La organización denunció en particular la pesca en aguas profundas, una práctica que se lleva a cabo sobre todo en España, Dinamarca y Francia.
La pesca en Chile representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
