El 38% de las fincas de todo el país, obtenían documentos legítimos respecto a su propiedad, y un 23% no registró documento legal alguno, así lo revela un informe elaborado por Robinson Sucre de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas.
La fuente indica que el 39% de los hogares restantes, informó estar tramitando el título de propiedad, es decir, el 62% de las fincas no poseían una condición legal en sus tierras, que les permitiera hacer uso de ellas con legitimidad.
Cabe resaltar que el mayor porcentaje de las fincas ocupadas sin documento legal, fue representado por los hogares pobres extremos en un 48.8%, un 29% se encontraban en pobreza no extrema y el 12.3% no presentaban condiciones de pobreza.
El análisis del MEF señala, que el 33% de la población panameña estaba por debajo de la línea de pobreza general, el 14.4% de pobreza extrema; cabe mencionar, que las precarias condiciones de vida fueron más generalizadas en zonas rurales que en las urbanas.
En las zonas urbanas visitadas, el 17.7% de las personas estaba en la pobreza, en las rurales fue el 59.7%, mientras que en las comunidades indígenas fue de 96.3% de la población; de tal manera ocurre en la pobreza extrema, ya que el 34.6% de la población rural pertenecían al grupo de pobreza extrema y en las urbanas un 3.2% reflejó dicha condición social.
La pobreza y la obtención de los títulos de propiedad en panameños van de la mano, ya que entre más pobre es el hogar, menor es la probabilidad de que esté usufructuando una finca con titulo de propiedad.
Como consecuencia de la pobreza y pobreza extrema, la falta de recursos y la ignorancia de los derechos, podrían constituirse en obstáculos claves, para legalización de tierras.
