Con este intercambio de pareceres concluyó la primera audiencia del caso de las papeleras del Río Uruguay -el hito fronterizo en cuya ribera uruguaya Montevideo ha autorizado la construcción de dos fábricas de celulosa a las que se opone Buenos Aires- y se abrió el plazo de deliberaciones para que los jueces decidan si suspenden o no cautelarmente las obras de las factorías.
En su réplica a los argumentos expuestos la víspera, la delegación argentina subrayó que Uruguay no ha respetado su obligación de consulta previa derivada del Estatuto del Río Uruguay, tratado bilateral de 1975 que rige la gestión del conjunta del recurso hídrico.
De esta forma, Marcelo Cohen, profesor de derecho internacional en Ginebra, contestó la afirmación uruguaya de que, en marzo de 2004, los entonces ministros de Exteriores de Argentina y Uruguay, Rafael Bielsa y Didier Opertti, llegaron a un acuerdo que permitía a Montevideo autorizar la construcción del proyecto.
Según Cohen, el canciller argentino se limitó a manifestar su "buena voluntad" de arreglar la disputa sobre la base del Estatuto, mientras Uruguay se comprometió a suministrar la información pertinente a la comisión conjunta de administración del río Uruguay (CARU), instaurada por el mencionado tratado.
"De manera extravagante, Uruguay sostiene que esto fue un acuerdo para la autorización de las fábricas", dijo el letrado argentino. "Uruguay no ha presentado ningún texto del supuesto acuerdo, la realidad es que Argentina no consintió en ningún momento la construcción de las fábricas", añadió.
En la contrarréplica uruguaya, el profesor de derecho de la Universidad de Florencia Luigi Condorelli explicó a los jueces que el Estatuto del río obliga a las partes a hacer consultas pero no contiene ninguna mención "explícita" a un derecho de veto sobre la ejecución de proyectos como el de las plantas.
"Lo admita o no Argentina, estamos ante un silencio del texto que permite diversas interpretaciones: para Argentina ofrece derecho de veto, para Uruguay es lo contrario", subrayó Condorelli.
El jurista sostuvo que el punto de vista uruguayo es el único "en armonía" con el derecho internacional, dado el "principio de soberanía permanente" que éste reconoce a cada Estado en lo relativo a la explotación de los recursos naturales.
Sobre esa base, dio por sentado que no hay argumentos "prima facie" (a primera vista) de que Uruguay haya violado el Estatuto, ni procede por tanto que la CIJ adopte la "medida excepcional" de suspender las obras de construcción de las plantas solicitada por el Gobierno argentino.
En su intervención inicial, el embajador uruguayo Hector Gros Spiell, además de defender la legitimidad del proyecto uruguayo, aludió a los bloqueos de puentes entre Argentina y Uruguay que, desde fines del año pasado, han protagonizado piqueteros argentinos en protesta por la construcción de las dos plantas de celulosa.
Los quince magistrados de la Corte -entre ellos el español Santiago Torres, nombrado por Uruguay, y el argentino Raúl Vinuesa, por Argentina- deberán deliberar y decidir si atienden o no la demanda argentina de medidas cautelares.
La disputa ha tensado las relaciones entre los dos países.
