Una norma del Servicio de Impuestos boliviano que obliga a los altos cargos a pagar de su bolsillo las deudas tributarias de las compañías para las que trabajan ha provocado esta semana polémica en el sector empresarial.
Se trata de una resolución oficial denominada "procedimiento de derivación de acción administrativa para el pago de deudas tributarias ejecutoriadas", que en la práctica supone que directores, gerentes y administradores legales de empresas deban hacer frente a dichas deudas.
Varias asociaciones empresariales de Bolivia han advertido que esta medida puede provocar un éxodo de altos cargos en las empresas bolivianas, ante el temor a tener que responder con su patrimonio personal a causa de deudas de las compañías con el fisco.
"Es absurdo tratar de intimidar a la gente en un país que necesita crecer, que necesita inversión, es un absurdo que las instancias no se coordinen y que se genere un mal clima en los negocios y las empresas", dijo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez.
El responsable de la patronal privada recordó que en este momento está en discusión la Ley de Inversiones, y que "si el clima no es bueno", es imposible atraer a empresas para que inviertan en el país.
Normas así "no ayudan al clima de negocios, la responsabilidad para la gente que trabaja de buena fe en las empresas no puede recaer sobre su patrimonio personal. Y más si son personas casadas, lo que supone arriesgar un patrimonio mancomunado", sostuvo.
Sánchez recordó que "la responsabilidad es de las empresas, no de los funcionarios", y añadió que con esta norma los trabajadores se desmotivarán.
