En espera. Así se encuentran los porcicultores panameños luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitará el pasado agosto a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la Ley 29 de 1 de agosto de 1997, en la cual se autoriza el cobro de la cuota porcina.
Esta ley, afirmó el productor Víctor Epifanio "es "inconstitucional, pero esperamos a que antes de que termine noviembre se conozca el fallo".
La Ley No.29 establece como cuota porcina al pago de 50 centésimos por cada animal sacrificado a un fondo que es administrado por la Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR).
Ese dinero supuestamente sirve para la instalación de una secretaría ejecutiva que se encarga de desarrollar la actividad porcina en el país.
En septiembre pasado unos 17 industriales renunciaron a la ANAPOR, estos comprendían el 75% de la producción de cerdo a nivel nacional.
