El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, mantiene bajo control una crisis que se desató esta semana por su polémica reforma fiscal, que incluyó un aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Portillo tuvo que recurrir al Ejército y a las fuerzas de seguridad civil para controlar violentas protestas en el departamento de Totonicapán, unos 206 kilómetros al noroeste de la capital, donde decretó el Estado de Sitio el pasado jueves.
El secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia, Edgar Gutiérrez dijo ayer, que por órdenes de Portillo desde ayer se redujo en un 30% la presencia militar en Totonicapán. Gutiérrez comentó que si este fin de semana retorna la calma en ese departamento, el martes próximo se podría reducir el plazo del Estado Sitio, que inicialmente se decretó por 30 días. La Iglesia Católica y activistas de derechos humanos criticaron la disposición del mandatario por haber restringido toda las garantías constitucionales en Totonicapán.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Víctor Hugo Martínez, instó al dignatario a levantar el Estado de Sitio, a fomentar el diálogo e investigar las denuncias de corrupción en el Estado.
Gutiérrez dijo que el Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para iniciar un diálogo con los líderes comunitarios para evitar que se registren nuevos disturbios.
La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) dijo en un comunicado que levantar todas las medidas que restringen las garantías constitucionales es fundamental para iniciar un diálogo entre el Gobierno y la población.
Pese a las masivas y violentas protestas, que dejaron el pasado miércoles unos 70 heridos y lesionados y mas de 200 detenidos, Portillo tiene bajo control la crisis y está firme en no revocar sus medidas tributarias que aprobó la semana pasada el Congreso.
La cúpula empresarial paralizó el país el miércoles para rechazar las reformas a los Códigos Penal, Procesal Penal, Tributario y la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre y las cuales establecen drásticas sanciones y cárcel por la evasión fiscal.
La próxima semana, según explicó a
