El Gobierno panameño y algunos gremios del país han descalificado en tono alto los señalamientos del G20, que incluyen a Panamá como un paraíso fiscal, e indicaron que esto puede afectar la competitividad de los servicios internacionales que ofrece el país.
“Rechazamos la actitud hipócrita de países que por un lado aprovechan la prosperidad de Panamá para que sus empresas hagan importantes inversiones y se beneficien de los macroproyectos que estamos construyendo, y por otro, nos atacan de esta forma vil”, dijo ayer el canciller panameño, Roberto Henríquez.
Añadió que el G20 utilizó un informe de muy “vieja data”, de mayo de 2010, para emitir una opinión que le hace mucho daño a la imagen internacional de Panamá.
Sus declaraciones son una respuesta directa al presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien mencionó a Panamá y Uruguay como países identificados por el G20 que no han establecido un marco legal para luchar contra la evasión fiscal.
Además, señaló que estos países podrían ser puestos al margen de la comunidad internacional.
Actualmente, la empresa francesa Alstom fabricará los 57 vagones necesarios para la Primera Línea del Metro de Panamá, en Barcelona (España). El contrato con esa compañía es por 270 millones de dólares.
Gian Castillero, presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, apuntó que los constantes embates contra Panamá parecen ser más el producto del éxito como centro financiero regional y como competidor en la prestación de servicios a la comunidad internacional que el resultado de una evaluación objetiva y de fondo a nuestro sistema.
Mientras, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Adolfo Linares es más determinante y manifestó: Si el presidente Sarkozy sigue con sus amenazas de promover que Panamá sea puesta “al margen de la comunidad internacional”, entonces se debe proceder de inmediato a colocar a Francia en una lista negra de países que nos discriminan y aplicarle sanciones económicas de inmediato como manera de represalia.
Esto es totalmente válido en el Derecho Internacional bajo el principio de la legítima defensa, aseveró.
Como ejemplo de esas medidas de represalia citó: imponerle una serie de gravámenes impositivos adicionales a las empresas francesas que operen en Panamá, impedir el cruce por el Canal de los desechos tóxicos que envía Francia todos los años; gravar con aranceles punitivos todo producto que sea importado de Francia.
Las autoridades panameñas habían señalado meses atrás que el país ya no sería señalado como un paraíso fiscal, después de haber logrado la firma de doce tratados para evitar la doble tributación.
