Privatizaciones no han favorecido a los usuarios

Las privatizaciones en Panamá han provocado que el gobierno deje de percibir unos 110 millones de dólares anuales, por lo que se tiene que reorientar las políticas administrativas que rigen estos procesos, para generar un efecto multiplicador en la economía nacional.
Así lo expresó el director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Adolfo Quintero, quien aseguró que esta tendencia se hace evidente en la región latinoamericana, al punto que el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, han cambiado sus políticas para que el fenómeno de la privatización en las naciones de la región sea más eficiente. Sus declaraciones se efectuaron durante la IV Reunión de la Red Económica Social que se desarrolla en Panamá, con participación de expositores internacionales durante tres días.
"Las instituciones públicas generaban 160 millones de dólares al Estado, pero en la actualidad sólo ingresan al Estado unos 55 millones, lo que ha paralizado los efectos positivos desde el punto de vista social" expresó el catedrático.
En 1997 la trasnacional británica Cables & Wireless compró el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) por 652 millones de dólares; este mismo año se privatizó el puerto de Balboa ubicado en la entrada Sur del Canal de Panamá, el puerto de Cristóbal en el extremo Norte y el Ferrocarril que comunica ambas partes por la vía terrestre.
En 1998 también fue privatizado el Instituto de Recursos Hidraúlicos y Electrificación (IRHE) por 603 millones de dólares.
En este sentido, Quintero agregó que el gran problema de América Latina ha sido el esquema de administración o concesión, por lo que recomiendan al gobierno que de acordar otras privatizaciones, las utilidades no sean controladas mayormente por las empresas privadas.
La política de privatización inició en 1997 durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares. Sin embargo, algunas entidades como el aeropuerto internacional de Tocumén, los servicios de Acueductos y Alcantarillados, el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), no vieron concretado el proceso, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado la restructuración de dichas instituciones, como condición de los próximos desembolsos otorgados a Panamá.