Para cualquiera que piense en Estados Unidos como una nación de libre comercio, el central azucarero de 10 pisos de alto, en la Autopista 90A, situado en las afueras de Houston, es algo sorprendente.
La planta puede producir hasta 500,000 toneladas de azúcar al año, lo bastante como para endulzar unos 90,000 millones de rosquillas. Pero si bien Estados Unidos gusta del dulce, no necesita toda esa cantidad de azúcar. De hecho, Norteamérica está nadando en azúcar, en gran medida debido a que el negocio del azúcar es uno de los capítulos más protegidos de la economía.
Los programas de azúcar que protegen a los agricultores de la competencia extranjera le cuestan a los consumidores estadounidenses casi $2,000 millones al año en precios más altos en todo, desde barritas de caramelo hasta los cereales, según estudios llevados a cabo por el gobierno. Los precios artificialmente altos han conducido a una sobreproducción, dejando a los contribuyentes como dueños de 1 millón de toneladas de azúcar por las que pagan $1.4 millón por mes, solamente por almacenarla, parte de ella en Sugar Land.
Ahora los refinadores está solicitando una revisión general del programa azucarero. Grupos de consumidores quieren abolirlo. E incluso los que lo apoyan y sus beneficiarios -grandes plantadores que son importantes donantes para ambos partidos políticos- están insatisfechos. Quieren mayor protección, quejándose de que nuevas iniciativas de comercio, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, amenazan con minar la industria y deprimir aún más el precio del azúcar.
El Congreso está escuchando testimonios sobre estas cuestiones mientras esboza una nueva ley agrícola, debate que se espera continúe hasta el próximo año.
En el centro del debate se encuentra una política azucarera que desde el Nuevo Trato ha sostenido que los cultivadores domésticos deben estar protegidos de las veleidades de los mercados de productos.
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