Un anteproyecto presentada por el legislador Jorge Alberto Rosas de Molirena presentó un proyecto de ley, reimplantando la regulación de los precios de artículos de primera necesidad en forma temporal cuando la situación económica lo justifique. De acuerdo al proyecto, el Organo Ejecutivo, con el voto favorable de los ministros de Estado, será el encargado de formular y reglamentar las políticas de regulación de precios, mientras que la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), se encargará de su cumplimiento.
Para tales efectos, el legislador Rosas, propone en su anteproyecto de ley, la modificación de los artículos 242 y 243 de la Ley 29 del 1 de febrero de 1996.
Mientras la CLICAC no impidió la especulación de la cebolla que subió de precio en cerca del trescientos por ciento, el Ejecutivo tendría un rol más beligerante, activo y determinante en la política de regulación de precios, particularmente, de los bienes y servicios de primera necesidad a fin de corregir las distorsiones e irregularidades que ha demostrado la vigencia del sistema de libre mercado.
"Esto es una alternativa para proteger a la mayoría de los consumidores que no cuentan con los recursos suficientes para encarar los incrementos constantes y sostenidos de los precios de bienes y servicios", sustentó el legislador de la República.
En 1996, a través de la Ley 29 del 1 de febrero, el Estado cambió la política relativa al control de precios y de los factores del comercio de productos y servicios que prevalecía hasta entonces con el funcionamiento de la oficina de regulación de precios.
Sin embargo, Rosas subrayó que la experiencia de los años que han transcurrido desde 1996, ha demostrado que el sistema de liberación de precios, lejos de procurar el mejoramiento de los consumidores y de evitar las prácticas monopolísticas, ha incrementado la especulación mercantil y la formación de carteles comerciales que fijan y determinan, a su libre albedrío, los precios de los bienes y servicios, especialmente los de primera necesidad, en detrimento de la economía de los panameños.
"El órgano del Estado no puede estar a espaldas de la realidad que vive nuestro pueblo, so pretexto de consentir las distorsiones del libre mercado en aras de una economía competitiva y antimonopólicos", detalló Rosas.
Por su parte, el secretario ejecutivo la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), Concepción Santos Sanjur, consideró que en numerosas ocasiones la asociación ha señalado que bajo las actuales reglas del juego de la libre oferta y demanda, el productor y el consumidor han sido siempre los más perjudicados.
Preguntado sobre si esta este anteproyecto de ley le permitirá una mayor seguridad en los precios al consumidor y al productor, el secretario ejecutivo de la ANAGAN, indicó que esto permitiría que los precios al productor sean más estables.
"Garantizaría si se lograra que el Ejecutivo sea el que establezca las políticas de los precios para los productos agropecuarios y permitiría además que los consumidores se beneficien realmente con los precios ", dijo Santos Sanjur.
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