Una ley de insolvencia personal, o hasta familiar, puede crearse para la región centroamericana y, por consiguiente, aplicarse en Panamá, según describe la organización Consumers International.
El dato lo trajeron a Panamá los grupos representantes de los consumidores panameños, contó Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá, luego de que la idea se lanzará en una reunión regional recientemente.
“No es algo nuevo, se está moviendo mundialmente. Lo que se busca es que, si la persona o la familia cae por problemas ajenos a su voluntad en una situación de quiebra, ya sea que despiden a la persona o se enferme, se pueda dar una mediación entre el consumidor y sus acreedores para que le den posibilidades de recuperarse, entendiendo su situación”, describió.
Esta normativa, coincidió Acosta con Giovani Fletcher, del Instituto Panamá de Derechos del Consumidores y Usuarios, “no busca patrocinar sinvergüenzuras de los malapagas, sino crear excepciones basados en problemas sociales que inciden en que las personas puedan caer temporalmente en quiebra, así como lo hacen las empresas”.
La normativa reclamaría que el sector privado, la sociedad civil y las autoridades se planten el tema, y su aplicación de llegarse a contemplar necesitaría que una institución implemente la misma, a fin de que no se den abusos.
Acosta expresa que para Panamá intentarán se dé como un proyecto de ley.
